El expresidente de la Diputación de Badajoz y candidato del PSOE a las próximas elecciones autonómicas en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, fue de los que mayor salario percibió en el ejercicio de su cargo en la institución provincial en el ejercicio de 2024, según los datos del Ministerio de Política Territorial.

Por el contrario, su homólogo en la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, fue uno de los que menos salario percibió en el mismo período, según los datos correspondientes a las percepciones económicas de los presidentes de diputaciones provinciales correspondientes a ese ejercicio.

Estos datos figuran en el sistema estatal ISPA 2025, la herramienta de referencia que permite comparar las retribuciones de los máximos responsables institucionales locales en todo el país. Según ese informe oficial, los sueldos de los presidentes de las diputaciones de Cáceres y Badajoz presentan una brecha notable, situando a ambas provincias extremeñas en posiciones muy diferentes dentro del mapa retributivo nacional. 

Gallardo percibió 84.023,24 euros anuales en régimen de dedicación exclusiva, una cifra que lo sitúa claramente por encima de la media nacional y en niveles comparables con diputaciones de peso demográfico y económico como Cádiz (83.750,03 €), Palencia (85.434,78 €) o Pontevedra (85.054,68 €). Su retribución lo coloca en la franja alta del conjunto estatal, aunque aún lejos de los máximos que encabezan Bizkaia, con 122.650,78 euros, y Barcelona, con 114.017,12 euros, las dos presidencias provinciales mejor remuneradas del país. 

En cambio, el presidente de la Diputación de Cáceres aparece en la parte baja de la tabla con 69.000,12 euros anuales en dedicación exclusiva, una cifra que lo sitúa por debajo del promedio nacional y alineado con provincias tradicionalmente menos pobladas o con menor estructura presupuestaria, como Ávila (70.335,72 €), Ciudad Real (70.356,44 €), Córdoba (69.446,79 €) o Zamora (65.794,90 €). 

La diferencia entre ambas diputaciones extremeñas alcanza los 15.000 euros anuales, una brecha significativa teniendo en cuenta que ambas ejercen competencias, estructura institucional y ámbito territorial comparables. El contraste entre Cáceres y Badajoz adquiere más relevancia si se amplía el enfoque al conjunto nacional. 

Las retribuciones de los presidentes de diputación varían enormemente en España, desde los mencionados máximos de Bizkaia y Barcelona, superiores a los 110.000 euros, hasta los casos de dedicación no exclusiva, como Lleida (19.200 €) o incluso territorios sin dedicación remunerada, como el Cabildo de La Gomera, que declara 0 euros. Entre ambos extremos se sitúan la mayoría de diputaciones provinciales, cuya horquilla habitual oscila entre los 75.000 y los 95.000 euros, un tramo en el que encajan Almería, Burgos, Castellón, Málaga, Valencia, Alicante o Sevilla. 

En este contexto, Badajoz se sitúa en el tramo alto, mientras que Cáceres queda relegada al segmento inferior, muy por debajo de provincias con características territoriales similares como Huelva (78.848,12 €), Lugo (76.499,92 €), Ourense (74.492,60 €) o Granada (74.701,33 €). La singularidad extremeña es, por tanto, doble: mientras que Badajoz mantiene niveles salariales próximos a la franja media-alta del sistema provincial español, Cáceres aparece claramente descolgada, a pesar de disponer de un territorio amplio, un número relevante de municipios y competencias equiparables a las del resto de provincias. 

El informe ministerial no solo permite comparar salarios individuales, sino también observar dinámicas territoriales. Las diputaciones forales vascas —Bizkaia, Álava y Gipuzkoa— lideran el listado, seguidas por grandes diputaciones provinciales urbanas como Barcelona, Málaga o Valencia. En la parte media se agrupan la mayoría de diputaciones castellanas, andaluzas y gallegas, mientras que en la zona baja se concentran, sobre todo, provincias del interior con menor peso demográfico, entre ellas Cáceres. 

La publicación de estos datos por parte del Ministerio, disponible en el marco del ISPA 2025, responde a las obligaciones legales de transparencia y permite conocer con precisión el coste retributivo de los principales responsables políticos de las instituciones provinciales. La comparación evidencia que, dentro de un mismo territorio como Extremadura, existen diferencias retributivas significativas entre sus dos diputaciones, a pesar de operar bajo un marco competencial similar.