La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) ha presentado un informe en el que propone 15 medidas concretas para mejorar la prevención de incendios forestales en Extremadura, así como la reforma de cinco leyes y la actualización de los Planes de Gestión de Especies Amenazadas, con el objetivo de hacer compatibles la protección ambiental, el desarrollo rural y la gestión activa del territorio.

El documento, fruto del análisis de 29 normas de ámbito europeo, estatal y autonómico, identifica una serie de barreras legales y administrativas que, según la organización, impiden actuar a tiempo frente al riesgo de incendios. Fedexcaza considera que la excesiva burocracia y la falta de gestión efectiva del monte están generando un escenario de alto riesgo ambiental, como demuestran los más de 41.000 hectáreas calcinadas en Extremadura durante el mes de agosto de 2025, muchas de ellas dentro de espacios protegidos.

Según la federación, la situación actual evidencia que la hiperprotección normativa y la lentitud administrativa están provocando que gestores, propietarios y ayuntamientos no puedan ejecutar a tiempo trabajos esenciales como desbroces, podas, apertura de cortafuegos, mejora de pistas o creación de puntos de agua, fundamentales para reducir el riesgo de propagación del fuego.

Entre las principales demandas recogidas en el informe, FEDEXCAZA reclama una simplificación administrativa real, que permita acortar trámites y agilizar permisos para la ejecución de actuaciones preventivas en el medio natural. También solicita una flexibilización de las políticas conservacionistas más restrictivas, con el fin de compatibilizar la protección de la biodiversidad con la gestión y los usos tradicionales del campo, como la ganadería extensiva o la caza.

La organización insiste en la necesidad de impulsar actuaciones silvícolas y recuperar los usos tradicionales que contribuyen a evitar la acumulación de combustible vegetal. En este sentido, destaca que la regulación actual de los espacios protegidos, lejos de garantizar su conservación, puede llegar a ser “una amenaza para los mismos” al dificultar la gestión preventiva del territorio.

Fedexcaza reivindica la declaración de la actividad cinegética como una herramienta eficaz en la lucha contra los incendios, al considerar que los cazadores realizan de forma constante labores que favorecen la prevención y el mantenimiento del monte. Según los datos aportados por la organización, el sector cinegético invierte más de 8,5 millones de euros anuales en Extremadura en tareas de gestión del territorio, mantenimiento de cortafuegos y caminos, instalación y revisión de puntos de agua, desbroces y vigilancia, lo que contribuye a la detección temprana del fuego y al mantenimiento de espacios accesibles.

Entre las 15 medidas propuestas, Fedexcaza subraya la necesidad de incrementar la inversión pública en prevención, conceder ayudas a propietarios y ayuntamientos para trabajos forestales, reducir trámites y plazos, flexibilizar la normativa ambiental, y establecer planes de restauración postincendio con fondos específicos. También propone elaborar planes de emergencia para la fauna cinegética y actuaciones inmediatas que aseguren agua, alimento y refugio tras los grandes incendios, así como medidas económicas para paliar las pérdidas sufridas por los cotos afectados.

El informe concluye con una petición expresa a las administraciones públicas para que reformen siete normas clave, eliminen trabas burocráticas y prioricen la prevención activa sobre la respuesta reactiva. La federación considera imprescindible que las políticas medioambientales se adapten al nuevo contexto climático, en el que los incendios son más frecuentes y destructivos.

Asimismo, insta a actualizar los planes de gestión de especies amenazadas, muchos de ellos caducados, y a eliminar limitaciones ambientales excesivas que impiden realizar actuaciones básicas de mantenimiento en el monte. Según Fedexcaza, la conservación debe convivir con el desarrollo rural y con una prevención real del fuego, lo que exige adaptar criterios, acortar restricciones temporales y facilitar la ejecución de trabajos imprescindibles para la protección de los ecosistemas.