Extremadura invierte más de 40 millones en ayudas para agroindustria, comercio, educación y atención social
El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes una batería de medidas económicas y sociales destinadas a impulsar la competitividad empresarial, la modernización educativa y la atención social en Extremadura. Entre las principales iniciativas destaca una nueva convocatoria de ayudas agroindustriales dotada con 28 millones de euros, orientada a apoyar inversiones en la transformación y comercialización de productos agrícolas.
Podrán beneficiarse las empresas dedicadas a la industria alimentaria que trabajen con productos como frutas, harinas, carnes, cereales, aceites, lácteos o algodón, entre otros. Las ayudas financiarán proyectos que contemplen la creación de nuevos centros productivos o la ampliación y modernización de los existentes, con un plazo de ejecución de 18 meses.
En el ámbito comercial, el Ejecutivo ha autorizado una inversión de 1,5 millones de euros para impulsar el comercio local mediante acciones de dinamización, digitalización y cooperación. Las ayudas cubrirán hasta el 90 % de la inversión realizada y oscilarán entre 4.000 y 8.000 euros por proyecto, en función del tamaño del municipio. Las actuaciones subvencionables incluyen campañas de promoción, desarrollo de plataformas de venta online, modernización de espacios y mejoras tecnológicas.
El Consejo también ha aprobado una inversión de 3,3 millones de euros para la renovación del mobiliario en 280 centros educativos, con el objetivo de modernizar el equipamiento y mejorar el funcionamiento de colegios e institutos. Esta medida se suma a las 162 obras actualmente en marcha en centros escolares, con una inversión global cercana a los 80 millones de euros, y a los planes de eficiencia energética que incluyen autoconsumo eléctrico e iluminación LED en institutos y centros de primaria.
Asimismo, el Ejecutivo ha autorizado 1,5 millones de euros en ayudas directas a 32 entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios especializados a personas con discapacidad o con enfermedad mental grave. Estas ayudas garantizan la continuidad de la atención y asumen el incremento del 9,5 % en los precios plaza-día derivados de la aplicación del nuevo convenio colectivo del sector, lo que ha supuesto una aportación extraordinaria de 6 millones de euros en los presupuestos autonómicos de este año.