Un grupo de expertos internacionales del Comité de Transición al Desmantelamiento de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) ha llevado a cabo una visita técnica a la Central Nuclear de Almaraz, para conocer los trabajos llevados a cabo como paso previo a su desmantelamiento definitivo.

La visita se ha producido en el marco de las jornadas que la propia WANO ha celebrado en Madrid con la asistencia de especialistas de 12 países a los que la dirección de la planta ha dado a conocer los avances en el diseño de los procesos de transición y desmantelamiento, así como los estudios técnicos y administrativos en curso para asegurar una clausura segura, ordenada y eficiente.

Según el calendario aprobado en el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRRR) y los compromisos adoptados por las empresas propietarias, la unidad 1 de Almaraz cesará su operación el 1 de noviembre de 2027, y la unidad 2 lo hará el 31 de octubre de 2028. 

Con carácter previo, hacia finales de octubre de 2025 la central entregará al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación de licenciamiento necesaria para la declaración formal del cese de explotación de la unidad 1.

Aunque las fechas de clausura están fijadas, el cierre de Almaraz continúa siendo objeto de controversia y movilización social en Extremadura. La planta, operada por la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) —participada por Iberdrola, Endesa y Naturgy—, se encuentra en la primera posición del calendario de cierre nuclear acordado en 2019. En los últimos meses, numerosos actores económicos, sociales y políticos de la región han cuestionado la decisión, alegando los efectos negativos que el cierre tendrá sobre el empleo, la economía local y la estabilidad energética.

CONSECUENCIAS DEL CIERRE

El presidente de la Federación de operarios con licencia nuclear (FELO), David Rodrigo, ha alertado de que cerca de 3.000 familias dependen directa o indirectamente de la central, y que su cierre puede agravar la despoblación en la zona, mientrasd que asociaciones empresariales y la Cámara de Comercio de Cáceres han advertido que el declive regional puede ser severo y estiman que el cierre podría provocar una caída del 60 % en los ingresos de los ayuntamientos del área de influencia y una reducción del 36 % de la población activa.

Municipios, colectivos locales, más de 30 alcaldes y plataformas ciudadanas también han instado al Gobierno a reconsiderar la decisión, argumentando que no existen razones técnicas o de seguridad que justifiquen la clausura de los dos reactores de la central nuclear.

En el mismo sentido, la Junta de Extremadura ha denunciado que su cierre atenta contra la soberanía energética del Estado, y ha calificado la decisión como una “ideología radical” que perjudica a la región. 

Por su parte, el Gobierno ya ha autorizado la contratación por 23,7 millones de euros de los estudios de ingeniería necesarios para el desmantelamiento de Almaraz, como paso lógico institucional hacia la clausura planificada y se ha licitado un concurso por cerca de 28 millones para los servicios de ingeniería para el desmantelamiento, con plazos de ejecución de hasta 60 meses.