El Ayuntamiento de Talayuela ha mostrado su firme rechazo al anteproyecto de reforma de la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo, al considerar que su aplicación supondría un grave perjuicio para el empleo, la inversión y la sostenibilidad socioeconómica del municipio y de la comarca.

Desde este municipio cacereño, considerado la capital del cultivo de tabaco en España, se alerta de que la normativa “no contempla la realidad económica de cientos de familias que viven de este cultivo” y advierte de que su aprobación podría poner en riesgo el futuro de un sector que da trabajo, directa e indirectamente, a más de 20.000 familias en la zona, genera 3.000 empleos directos y mantiene unas 6.000 hectáreas de cultivo activas.

El principal motivo de preocupación radica en que el anteproyecto equipara los productos tradicionales del tabaco con los de nueva generación —como los vapeadores, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina—, ignorando, según el Ayuntamiento, estudios que muestran claras diferencias entre ellos y que justificarían una regulación diferenciada.

Talayuela sostiene que esta equiparación “congela la inversión en productos de nueva generación, que sí demandan hoja de alta calidad como la producida en la comarca”, justo en un momento en que el tabaco de la zona ha sido certificado para estos usos, en una distinción que solo comparten España e Italia.

Además, se advierte que el endurecimiento normativo podría reducir drásticamente la demanda de hoja nacional, favoreciendo las importaciones y abriendo la puerta al mercado ilegal, lo que, según el consistorio, “haría tambalear la continuidad del cultivo” y contribuiría al abandono del campo y a la despoblación.

El Ayuntamiento denuncia que la reforma “no acompaña al sector en su transición, sino que lo empuja a su desaparición”, y recuerda el caso de Francia, donde medidas similares han provocado que un tercio del tabaco consumido provenga de canales ilegales sin control sanitario.

En este contexto, el Consistorio de Talayuela, junto a otros municipios de zonas productoras, solicita una regulación “lógica y adaptada a la realidad” y exige que se establezcan normas diferenciadas según el riesgo de cada producto, para no frenar la transición hacia opciones de menor daño y la realización de estudios de impacto económico y social antes de aprobar medidas que afecten al sector.

También considera imprescindible la implementación de un plan de transición justa que apoye la diversificación agrícola y la industria emergente y que se escuche a los gobiernos regionales y ayuntamientos afectados en el proceso legislativo.

“Estamos hablando de medidas alejadas de la vida real del agricultor y de la industria de primera transformación. Son irreales y suponen un mazazo al mundo rural y su agricultura”, concluye el comunicado institucional.