Cerca de 200 trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz se han reunido este miércoles frente al Palacio de Congresos de Cáceres para expresar su rechazo al cierre de la planta. La movilización coincide con la 51ª Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española (SNE), que se celebra en la capital cacereña y analiza el futuro de la energía nuclear en España.

El cierre programado de la central contempla el apagón de uno de sus reactores en 2027 y del segundo en 2028, un proceso que amenaza alrededor de 4.000 empleos en la comarca de Campo Arañuelo, de los cuales aproximadamente mil serían directos. La concentración ha mostrado pancartas y mensajes en defensa de la continuidad de la planta y de otras centrales nucleares españolas.

Los trabajadores instan a las empresas propietarias de la central -Iberdrola, Endesa y Naturgy- a solicitar la prórroga de la autorización de explotación y al Gobierno a iniciar un proceso de negociación sobre el futuro de Almaraz. Las fechas clave del proceso se sitúan en marzo de 2026, plazo límite para tomar decisiones respecto a la continuidad de la planta.

El comité de empresa prevé nuevas movilizaciones en los próximos meses, tanto en la región como, eventualmente, frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en Madrid.

El cierre de Almaraz tendría un impacto significativo en la economía local y regional, dado que la central representa cerca del 5% del PIB de Extremadura y constituye un nodo clave de la red eléctrica española, cuya operación contribuye a la estabilidad del sistema y a la integración de energías renovables.

Además, el debate sobre la continuidad de Almaraz se enmarca en un contexto europeo donde varios países han optado por extender la vida útil de reactores y han reconocido la energía nuclear como un componente estratégico de la transición energética. La planta también es relevante para la atracción de inversiones industriales y logísticas en la región, así como para la conexión energética y de transporte entre Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

El cierre de la central, según informes sectoriales, podría frenar el desarrollo industrial y limitar las oportunidades de crecimiento económico y cohesión territorial en la región.