La Junta de Extremadura no ha logrado llegar a un acuerdo con las empresas de transporte escolar en la reunión celebrada este lunes, a pesar de que, según la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, el Ejecutivo regional ha aceptado “todas las exigencias de las empresas con un matiz: que siempre tengan cobertura legal”.

Vaquera señaló en rueda de prensa que el gobierno extremeño continuará “con la mano tendida y abierto al diálogo”, pero lamentó la “nula voluntad” de las empresas para cerrar un pacto que ponga fin a la situación.

La consejera recordó que el pasado viernes responsables de la Consejería de Educación se reunieron con las compañías denunciadas con el objetivo de solucionar este conflicto, durante el cual las empresas plantearon varias demandas. Entre ellas, solicitaban que la Consejería desistiera de ejercer la acusación particular en su contra y renunciara a recurrir el auto judicial que rechazó las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo, destinadas a obligarlas a prestar el servicio de transporte escolar.

Además, reclamaron la adjudicación directa de las rutas desiertas a quienes habían prestado el servicio el curso pasado, así como un aumento del precio en la categoría B.

“La Consejería de Educación ha aceptado todas las exigencias de las empresas, siempre dentro del marco legal”, subrayó Vaquera, que criticó que la negativa de las empresas a suscribir el acuerdo se debe a que algunos compromisos “no se ajustaban a la ley”.

La consejera concluyó que las demandas planteadas por las compañías implicaban pedir al Gobierno que asumiera compromisos fuera de la legalidad, lo que, a su juicio, evidencia su falta de voluntad para resolver el conflicto de manera definitiva.