El Juzgado de Instrucción de Mérida ha denegado la medida cautelar solicitada por la Junta de Extremadura para obligar a varias empresas de transporte a continuar prestando el servicio escolar en determinadas rutas. La petición había sido formulada el 9 de septiembre por la consejera de Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera Mosquero, que denunció a seis compañías por presuntos delitos de alteración de precios en concursos públicos, desabastecimiento de un servicio esencial y coacciones, además de la posible existencia de un grupo criminal.

La denuncia señalaba a las empresas Eurostar Bus, Radibus 2020, Autocares Masa Gómez, Transporte Masa Gómez, Transporte Aula y Vilaplana Prada, a las que se acusaba de pactar precios y forzar a la Administración a elevar las tarifas del transporte escolar. Según la Junta, estas prácticas habrían provocado un perjuicio patrimonial y afectado al derecho fundamental a la educación de los alumnos en Extremadura.

El juzgado, sin embargo, considera que en esta fase inicial del procedimiento no existen indicios racionales de criminalidad suficientemente fundados para adoptar la medida cautelar. El auto subraya que los hechos expuestos por la Administración se apoyan en conjeturas aún pendientes de esclarecer en la fase instructora. Además, apunta a que no resulta proporcionado imponer a las empresas denunciadas la prestación de unos servicios de transporte para los que no han resultado adjudicatarias.

La resolución también sostiene que la medida no es la única vía disponible, ya que la Administración cuenta con otros mecanismos administrativos para garantizar el transporte escolar como complemento del derecho a la educación. Asimismo, se recuerda la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa o civil para reclamar por los posibles perjuicios ocasionados.

El auto se dicta tras la oposición del Ministerio Fiscal a la medida solicitada, y podrá ser recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial.