El Gobierno de la Junta de Extremadura ha presentado una denuncia penal en el juzgado de guardia de Mérida contra determinadas empresas de transporte escolar, a las que acusa de ejercer conductas y coacciones en los procedimientos de contratación con el objetivo de alterar el precio de los contratos.

Según el Ejecutivo autonómico, estas prácticas buscan obtener adjudicaciones a valores muy superiores a los recogidos en el acuerdo marco previamente firmado. Aunque se trata de un grupo minoritario de empresas, concentran la mayor capacidad de prestación del servicio, lo que comprometería la cobertura del transporte escolar en la región.

La Junta considera que este proceder supone un grave perjuicio para los alumnos extremeños, al poner en riesgo un servicio público esencial, y también para la propia Administración, por el impacto económico que acarrearía.

El actual Gobierno autonómico suscribió en 2024 un acuerdo con todas las empresas del sector que contemplaba un incremento medio del 20 % en las rutas escolares, llegando en algunos casos al 50 %, lo que supuso una inversión adicional superior a los 16 millones de euros. La mayoría de las empresas han cumplido con dicho acuerdo, si bien una parte minoritaria se ha negado a aplicarlo, comprometiendo la prestación del servicio.

Como medida cautelar, la Junta ha solicitado la garantía de continuidad del transporte escolar para el curso 2025-2026.

En Extremadura funcionan 579 rutas escolares que dan servicio a unos 16.000 alumnos. De ellas, 242 se verían afectadas, lo que supondría a unos 7.000 estudiantes sin acceso a este servicio si no se resolviera la situación.