El Consejo de Ministros ha dado luz verde en primera vuelta al Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera, con el que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas.

En Extremadura, la medida implica la condonación de 1.718 millones de euros, equivalente al 32% de la deuda registrada en 2023.

El anuncio ha generado división política en la región. PSOE y Unidas por Extremadura lo han defendido como una oportunidad para “dar oxígeno a las cuentas autonómicas” y garantizar más recursos en servicios públicos. 

Sin embargo, PP y Vox han cuestionado el alcance real de la medida y la han vinculado con la dependencia del Gobierno de Pedro Sánchez de los partidos independentistas para mantenerse en La Moncloa.

Expertos en economía regional señalan que la rebaja de deuda no implica automáticamente mayor financiación disponible, ya que dependerá de cómo se gestionen los compromisos futuros y de la evolución del sistema de financiación autonómica.