El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado un nuevo decreto que introduce medidas de simplificación administrativa en materia de vivienda protegida, con el objetivo de reducir cargas burocráticas que dificultan el funcionamiento del mercado inmobiliario y retrasan la comercialización de inmuebles.

Entre los principales cambios destaca la unificación del plazo de protección de las viviendas en 20 años, medida que elimina la variabilidad de plazos anterior y aporta mayor seguridad jurídica. Asimismo, se suprimen trámites como el derecho de tanteo y retracto, que hasta ahora no se ejercía de forma efectiva y generaba demoras innecesarias.

El decreto también establece un sistema automático para calcular el precio máximo de venta en segundas y sucesivas transmisiones. A partir de ahora, este cálculo se basará en el módulo vigente según el tipo de vivienda, en lugar del modelo anterior vinculado al IPC y a fórmulas más complejas.

La normativa incluye cinco artículos, una disposición adicional, una transitoria y una disposición final, y regula aspectos como el Libro del Edificio, los plazos para distintos procedimientos y nuevas medidas de simplificación que buscan agilizar la gestión en el ámbito de la vivienda protegida.