Cinco asociaciones profesionales de jueces y fiscales —todas excepto las de corte progresista— han anunciado una huelga de tres días para los próximos 1, 2 y 3 de julio, en protesta por las reformas legislativas impulsadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Las entidades convocantes son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Además de la huelga, han convocado una concentración frente al Tribunal Supremo el próximo 28 de junio.

Las organizaciones critican duramente las reformas anunciadas en el acceso a la carrera judicial y fiscal, así como el cambio estructural del proceso penal que pretende transferir la instrucción de los casos desde los jueces a los fiscales.

La decisión se tomó tras conocerse los resultados de consultas internas, en las que más del 80 % de los asociados respaldaron ir a la huelga, en línea con el paro simbólico de diez minutos realizado el pasado 11 de junio en juzgados de todo el país.

Durante ese paro, se leyó un manifiesto en el que se advertía que la independencia judicial está en peligro, y que las reformas legislativas promovidas por el Ejecutivo “van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder más débil, susceptible a las presiones políticas y mediáticas”.

El texto también critica el anteproyecto de reforma de la Fiscalía, que contempla aumentar el poder del fiscal general del Estado, cargo que seguirá designándose directamente por el Gobierno. A juicio de las asociaciones, esto vulnera las exigencias europeas y aumenta el riesgo de injerencias políticas en casos de corrupción.

Por su parte, el ministro Bolaños ha defendido que los cambios son “imprescindibles” para una Justicia del siglo XXI y ha calificado los temores de los colectivos judiciales como “infundados”, atribuyéndolos a una resistencia habitual al cambio en el ámbito judicial.