El informe de 490 páginas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entregado al Tribunal Supremo a principios de junio revela que el exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, presionó en 2019 para alterar el resultado de la licitación del AVE en Extremadura. 

Según consta en el documento, el 28 de enero de ese año García remitió a la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, una imagen con los resultados de las ofertas presentadas; en ella, la puntuación de la UTE adjudicataria aparecía resaltada en un amarillo fluorescente, mientras que la de Acciona, a juicio de García la auténtica favorita, se mostraba con un tono mucho más tenue. Horas después, el asesor escribió a Pardo de Vera: “Nos ha jodido un poco”, dejando entrever su malestar porque, según él, el contrato debía haber recaído en Acciona.

El informe de la UCO también apunta a maniobras similares en otros procesos de adjudicación. En una conversación grabada el 18 de noviembre de 2020, García insistió ante Pardo de Vera para que se adjudicara a la empresa LIC un contrato inicialmente de mantenimiento; ante la negativa, propuso reconvertirlo en obra de emergencia. Pardo de Vera accedió a estudiar opciones y tan solo un mes después, el 17 de diciembre de 2020, Adif adjudicó de urgencia a LIC un proyecto en Asturias valorado en 592.053 euros.

Los agentes consideran que, para estas maniobras, García contaba también con la complicidad de Javier Herrero, entonces director general de Carreteras. Según la UCO, Herrero presionó en exceso para desbloquear la obra del Puente del Centenario en Sevilla y habría recibido promesas a cambio de su intervención. La grabación incluye comentarios sobre el riesgo de que Herrero pudiera “contar lo que hay”, un indicio de que disponía de información potencialmente comprometedora para el entorno de García y del socialista Santos Cerdán.

Acciona, mencionada en el informe, ha expresado su “total desconocimiento, sorpresa y preocupación” por las referencias a su filial de construcción y ha anunciado la apertura de una investigación interna. La compañía recuerda que el exempleado Fernando Agustín Merino Vera, citado en las diligencias, fue despedido el 12 de abril de 2021, y se ha puesto a disposición de las autoridades para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

Estas revelaciones profundizan la investigación sobre una supuesta red de influencias en adjudicaciones públicas y podrían poner en jaque a varios altos cargos. El Tribunal Supremo continúa el análisis del informe de la UCO, con la posibilidad de nuevas imputaciones y comparecencias en el horizonte.