Extremadura registró el pasado año un total de 145 casos de allanamiento o usurpación de bienes, de los cuales 104 fueron denunciados por particulares que se sintieron víctimas o perjudicados, según datos del Ministerio del Interior. Además, se practicaron 24 detenciones relacionadas con estos hechos.

Ante esta realidad, la Junta de Extremadura ha firmado este lunes un convenio de colaboración con los Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz para prestar orientación y asistencia legal urgente a personas afectadas por la ocupación ilegal de viviendas. 

El acuerdo contempla la creación de un turno especializado de abogados que ofrecerán atención presencial y telefónica, así como consultas por correo electrónico durante las 24 horas del día.

Este nuevo servicio, que se activará en el plazo de 30 días a través del Servicio de Justicia Gratuita, contará con un teléfono de atención directa en horario de mañana y tarde de lunes a viernes. 

En Badajoz se han habilitado los números 924590705, 924590706 y 924590707; y en Cáceres, el 672159026. También se han dispuesto los correos electrónicos serviciosocupacion@icab.es y serviciosocupacion@icac.es, respectivamente.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha explicado que la Junta aportará 50.000 euros para el desarrollo de esta medida, distribuidos a partes iguales entre ambos colegios. El convenio tendrá una duración inicial de un año, prorrogable por dos más.

En paralelo, la Junta sigue actuando sobre la ocupación en viviendas públicas. En 2024, recuperó 92 inmuebles que estaban ocupados ilegalmente; de ellos, solo cinco requirieron procedimientos de desalojo forzoso, mientras que los 87 restantes se resolvieron mediante mediación con intervención de trabajadoras sociales.

Con esta medida, Extremadura busca reforzar la seguridad jurídica, proteger el derecho a la propiedad y mejorar el acceso a la vivienda en la comunidad.