La iniciativa es fruto de la colaboración entre la Junta de Extremadura, a través de su empresa pública de vivienda Urvipexsa, y los ayuntamientos locales.

El registro cuenta con dos secciones diferenciadas: una destinada a las viviendas de promoción pública gestionadas por la Junta de Extremadura en régimen de alquiler social, y otra que agrupa las viviendas medias, las viviendas protegidas de régimen especial y las de régimen general.

Desde el consistorio se destaca que esta iniciativa llega tras años de escasez real de vivienda, cubriendo así un vacío histórico en un momento considerado clave para el desarrollo social y residencial del municipio.