El destinatario es el cuidador no profesional, cuyo familiar debe cumplir unos requisitos como es el de tener una discapacidad reconocida mayor o igual al 33 por ciento además de un grado de dependencia; o también personas que no tengan concedida la dependencia, pero con una discapacidad al 75 por ciento, siempre y cuando no tengan plaza en ningún centro residencial.