El veto, amparado en el artículo 134 de la Constitución, impide que la iniciativa sea tramitada en el Congreso, al considerar que la propuesta supondría una disminución de los ingresos presupuestarios del Estado. 

Ceder las competencias supondría anular el modelo de organización territorial, atentando directamente contra el principio de igualdad. "Generalizar un sistema de conciertos o de cupos supone un atentado directo contra el principio de igualdad. Rompe la hacienda estatal, el Estado se queda sin recursos y, por lo tanto, no puede prestar competencias", ha expresado.