Estos proyectos que son objeto de ayuda deberán iniciarse a partir del 1 de enero del año 2025 y finalizar antes del 30 de junio de 2026.

Del mismo modo, se están enviando misivas a los ayuntamientos para solicitar la colaboración de los servicios sociales y asegurar así que la información llegue a sus destinatarios y que éstos cuenten con respaldo si tuvieran dificultades para proporcionar los datos que se precisan.