A un año del asesinato de Belén Cortés, 18 organizaciones en Extremadura exigen reformas urgentes para mejorar la protección de menores en riesgo.
La acusación particular, que representa a la familia de la víctima, reclama las penas más elevadas previstas por la ley —hasta ocho años para uno de los procesados— y subraya que los hechos constituyen un asesinato con agravantes.