Sólo el 12 por ciento de las empresas privadas de Extremadura reserva la cuota del 2 por ciento de sus trabajadores a personas con discapacidad, tal y como establece la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi) para aquellas que tengan una plantilla de más de 50 empleados.

Así se desprende de un estudio realizado por UGT Extremadura y el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la región (Cermi Extremadura), realizado a 100 de las 200 empresas privadas de Extremadura que tienen la obligación de reservar una cuota para personas con discapacidad.

El informe también revela que existe un incumplimiento "flagrante" de esta normativa "en todos los sectores", así como una "alto" grado de desconocimiento de esta normativa por parte de las empresas de la comunidad autónoma.

El secretario regional de UGT de la región, Miguel Bernal, y el presidente de Cermi Extremadura, Jesús Gumiel, presentaron hoy este informe en rueda de prensa en Mérida en la que ambas entidades firmaron un convenio de colaboración dirigido a lograr la integración sociolaboral de las personas con discapacidad e informar a las empresas de la obligatoriedad que tienen de cumplir con la Lismi.

Otra de las conclusiones del estudio es que el 67 por ciento de las personas con discapacidad que trabajan en las empresas que cumplen la normativa están en puestos de "poca" o "ninguna" cualificación, por lo que el empresariado extremeño está "perdiendo la posibilidad de enriquecer sus empresas con la formación" de sus trabajadores con discapacidad, según señaló el secretario de Política Social de UGT de Extremadura, Nereo Ramírez.

Además, Ramírez explicó que la accesibilidad en las empresas es también una "asignatura pendiente" de estas entidades ya que, según dijo, la mayoría de las medidas contempladas en este sentido están enfocadas al cliente y no a los trabajadores.

Jesús Gumiel señaló que actualmente existen en la región unas 6.000 personas con discapacidad que trabajan en empresas públicas o privadas, mientras unas 3.800 se encuentran en situación de desempleo, un porcentaje superior al de los parados sin discapacidad.

Añadió que "se está logrando" alrededor de 280 inserciones laborales de personas con discapacidad por año, de las que 150 trabajan en empresas privadas y un 12 por ciento de las mismas tienen una contratación indefinida.

Según el presidente de Cermi Extremadura la contratación de estas personas le supone al empresario un beneficio del 25 por ciento y apuntó que si la legislación se cumpliera en aquellas empresas extremeñas obligadas se podrían lograr 600 puestos de trabajo más en la región.

Para ello, dijo, hay que trabajar en dos frentes, que son la "sensibilización del empresariado y el "control" del cumplimiento de la normativa.

Por ello, Gumiel indicó que el paso siguiente a la firma del convenio con UGT Extremadura consiste en trabajar con la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta para instar a la Inspección de Trabajo a velar por que se cumple la Ley de Integración Social de los Minusválidos.

Al respecto, el presidente Cermi Extremadura explicó que aquellas empresas que por su particularidad no pueden reservar el 2 por ciento de su plantilla a trabajadores con discapacidad como por ejemplo una empresa de construcción, tienen que demostrar que no pueden cumplirlo tras presentar la oferta al Servicio Extremeño Público de Empleo para pedir esos perfiles profesionales y, comprobarse que no existen.

En estos casos, las entidades empresariales tienen diversas fórmulas para cumplir la normativa como trabajar con un centro especial de empleo, hacer una donación económica en función del porcentaje de trabajadores que tendría que contratar a una ONG, entre otras.

Miguel Bernal agregó que con el acuerdo de colaboración firmado hoy entre el sindicato y el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la región se iniciará una campaña de información dirigida a las empresas e incluirá planes formativos para los delegados sindicales y miembros de comités de empresa sobre inserción laboral de personas con discapacidad.

Además, el líder sindical destacó que, como consecuencia de la colaboración entre UGT y Cermi Extremadura, con este mismo objetivo y producto del planteamiento "serio" del sindicato en este sentido, el Plan de Empleo de Extremadura ha incluido un punto que excluye a cualquier empresa para recibir ayudas públicas sino cumple la ley que obliga a reservar esa cuota de sus trabajadores a personas con discapacidad.