Los dos cazadores extremeños que, junto a cuatro compañeros más, han pasado más de un mes retenidos en Turquía acusados de herir a una persona en una cacería, han regresado a España y ya se encuentran junto a sus familiares.

Los seis hombres llegaron antes de la medianoche al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas después de que el juez que instruye el caso certificara el acuerdo alcanzado con el supuesto herido, que retiró la demanda que había presentado contra ellos a cambio de una importante cantidad de dinero.

Los dos cazadores extremeños son el registrador de la propiedad Juan Claudio Jarillo Gómez, y el empresario Luis Matías García Casero, ambos naturales del municipio cacereño de Casatejada. Los cuatro restantes son Carlos Soto Linares, Enrique de la Riva Andrés, Francisco José López Rodríguez y Francisco Javier Soto García. Todos ellos comparten un coto de caza en una finca ubicada en el municipio cacereño de Campillo de Deleitosa, en la mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara.

El pasado jueves la Policía turca les comunicó que se había levantado la prohibición de abandonar el país, una orden que pesaba sobre ellos desde el pasado 3 de febrero, cuando fueron acusados por un individuo de recibir un disparo en medio de una batida de caza.

Finalmente, a las 20:50 horas de este lunes tomaron el vuelo Estambul-Madrid y se encuentran en sus domicilios después de haber permanecido retenidos en aquel país 35 días.

La familia de uno de los cazadores extremeños ha explicado a Radio Interior de Extremadura que lo han tenido todo en el aire y han preferido guardar discreción hasta que su salida de aquel país estuviese plenamente garantizada para evitar nuevos problemas o contratiempos.

En la imagen, los dos cazadores extremeños indicados por un círculo.

ACUSADOS SIN PRUEBAS

Los miembros de la expedición partieron de Madrid el 30 de enero con la intención de regresar el 4 de febrero, para participar en un viaje de caza salvaje contratado a una agencia especializada de aquel país. Sin embargo, el día 3 de febrero se presentaron en el lugar en el que se encontraban tres coches de policía y los españoles fueron detenidos por imprudencia en la actividad cinegética con el resultado de lesiones.

Días después la Policía levantó un atestado que les eximía de responsabilidad, pero el fiscal y el juez decidieron continuar con el procedimiento y se vieron obligados a pagar una «mordida» a la persona supuestamente herida, que tan solo había pasado cuatro días en el hospital y se encontraba perfectamente.

Según el relato de unos de los afectados, ni siquiera el informe médico del centro hospitalario indicaba que la herida se hubiera producido por arma de fuego, a pesar de lo cual no tuvieron más remedio que indemnizar a aquella persona el pasado miércoles 28 de febrero, y después de que el fiscal garantizase que una vez recibida la indemnización, se retirarían los cargos, se archivaría el procedimiento y podrían salir del país.

Sin embargo, a partir de ese momento todo fueron largas y la esperanza dio paso a una situación que les ha perjudicado a nivel personal, familiar y laboral, hasta hacerse insostenible.

«Ha sido una pesadilla que nos tiene desquiciados», ha dicho unos de los cazadores, que han estado retenidos más de un mes en Malatya, una ciudad al suroeste del país.

En la imagen, los cazadores retenidos en Turquía cuando aún se encontraban en aquel país a la espera de que se levantase la orden de prohibición de regresar a España.

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