El vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha informado de que la tutela del bebé del intento de maternidad subrogada en Don Benito ha quedado en manos del Ejecutivo regional hasta que la justicia se pronuncie. Es decir, la Junta asumirá la tutela pero se buscará para este bebé una familia de acogida en «régimen de urgencia», ya que la región persigue tener el menor número de niños entre 0 y 6 años en centros de menores.

Vergeles ha destacado que «la familia acogedora está ya identificada y se hará cargo del bebé, de tal suerte que el proceso de estimulación en esa edad temprana permita que en el futuro el menor pueda tener una vida plena. Además, con la estimulación necesaria, con la socialización necesaria, con el afecto necesario y que en el futuro pueda desarrollarse con mejores condiciones de vida», ha apuntado el consejero.

Cabe recordar que fueron agentes de la Policía Nacional los que han detenido en Don Benito a los tres presuntos implicados en un intento de maternidad subrogada. Se trata de un matrimonio formado por un hombre de 42 años y una mujer de 43, y la propia madre del bebé, de 28 años, que ha quedado bajo custodia policial.

Fue el personal del Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena quien avisó a la Policía Nacional de que una mujer que acababa de ser madre quería registrar a su bebé con unos datos que no concordaban con los que aparecían en su historial clínico.

También informaron de que no había aportado documentación original en el momento de su ingreso, tan sólo una fotocopia de una tarjeta sanitaria a nombre de una mujer cuyo historial clínico no era compatible con su exploración física.

Con esta información, los agentes procedieron a entrevistar en el propio hospital al supuesto padre del niño. Tras numerosas incongruencias en sus declaraciones, realizaron una serie de gestiones que les permitieron concluir que la madre del bebé había sido ingresada con los datos de su esposa.

Finalmente, él mismo reconoció a los agentes que habían pagado la cantidad de 2.000 euros en Rumanía para comprar al recién nacido, admitiendo que la mujer ingresada no era su esposa. Este trato se había cerrado tres meses antes en Rumanía.

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