Las autoridades españolas han ejecutado 101 expulsiones de extranjeros en la última década por motivos de seguridad nacional, de acuerdo a la Ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Este artículo contempla como infracciones muy graves participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, así como estar implicados en actividades contrarias al orden público.
Una de las últimas expulsiones se registró en Extremadura, en la localidad cacereña de Talayuela. Como informó Radio Interior, el presidente de la comunidad islámica de Talayuela, Yahya Benaouda, fue detenido en el mes de octubre en Talayuela por miembros de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía de Cáceres.
Benaouda está acusado de infracción muy grave ya que se le acusa de la realización de actividades contrarias a la seguridad nacional, de acuerdo con la denuncia formulada por la Comisaría General de Información.
La Audiencia Nacional indicó que Yahya Benaouda ha difundido en la zona del Campo de Arañuelo postulados radicales propios del ideario salafista. También se le acusa de discriminación y segregación de las mujeres y dar apoyo a predicadores encarcelados por divulgar ideologías extremistas.
Recientemente también se detectó otro caso de radicalización como el de Mohamed Said Badaoui, residente en Cataluña. La Policía Nacional le acusó de participar en actividades «proyihadistas» al intentar captar a menores vulnerables de origen marroquí.
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