La organización agraria La Unión ha solicitado una moratoria que permita a los agricultores utilizar semillas de reempleo para sembrar debido al desabastecimiento que han provocado la sequía y la guerra en Ucrania.
Una escasez de semillas también provocada por verse obligados a sembrar cultivos de invierno en las zonas regables por la amenaza de nueva sequía, por las restricciones en las exportaciones y por las nuevas exigencias para cumplir tanto la condicionalidad reforzada como los eco regímenes de la nueva PAC.
La falta de semillas también se traduce en un «incremento exagerado» de los precios, que en muchos casos hace «inviable» su utilización, señala la organización agraria en una nota de prensa.
La Unión sostiene que los agricultores están teniendo que recurrir a utilizar semillas de reempleo y aún en estos casos esta semilla es escasa y de precios prohibitivos, mientras que las multinacionales que son las propietarias del uso de estas semillas «están exigiendo un canon o royalty que está encareciendo aún más su uso».
Además, en los últimos días la Guardia Civil, acompañados por técnicos de la Junta de Extremadura, asegura La Unión, están realizando «numerosas inspecciones» para «evitar que los agricultores se abastezcan de semillas a un precio asequible para poder sembrar y cumplir con las nuevas normas impuestas por la PAC».
En este punto, consideran «curioso» que cuando hace dos años denunciaron a una empresa por vender semilla de arroz híbrido en «mal estado», provocando «pérdidas millonarias» en más de 200 explotaciones en la región, los agricultores no contaron con el apoyo «ni de la Guardia Civil ni de los técnicos de la Junta de Extremadura», pues entonces realizaron informes para «proteger a la empresa de semilla que había estafado a los agricultores».
Por todo ello, La Unión Extremadura ha solicitado tanto a la Junta como al Ministerio de Agricultura una moratoria para relajar las condiciones establecidas tanto en la Ley 3/2000 como en el Real Decreto 1211/2005 para poder realizar una campaña de siembra «suficiente y precios asequibles».
Finalmente, califican de «vergonzoso» que se puedan imponer «hasta tres años de cárcel por usar semilla no autorizada para su siembra, por las denuncias de estas multinacionales que están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas».
