La Subdelegación del Gobierno de España en Cáceres ha autorizado la celebración de una concentración prevista para este domingo en Talayuela en la que se protestará contra la deportación del presidente de la comunidad islámica en este municipio, Yahya Benaouda, expulsado del territorio nacional tras ser acusado de mantener vínculos con el salafismo y el islamismo radical.

La convocatoria de la protesta ha sido solicitada por Majid Benaouda, familiar directo del deportado, y se celebrará entre las 16:30 y las 18:00 horas del domingo en la Plaza Real, junto al Ayuntamiento de Talayuela, donde unos 200 ciudadanos de origen magrebí se manifestaron el pasado 28 de octubre para reclamar «justicia» para su líder espiritual, detenido el 25 de octubre en esta localidad y expulsado del territorio nacional una jornada después.

Majid Benaouda ha explicado que la protesta pretende concentrar a 700 personas -medio millar más de las que lo hicieron la última vez- y se desarrollará bajo el lema «Contra la expulsión injusta e inhumana de Yahya Benaouda». La secretaría general de Derechos Ciudadanos, Sanciones y Autorizaciones Administrativas de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres aprobó la concentración el pasado jueves.

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Diversos informes de la Policía Nacional aseguran que Yahya Benaouda llamó a la desobediencia y lanzó proclamas en la mezquita de Talayuela en las que invocaba a los hombres a no regirse por el orden de la legislación española y a defender el Corán más conservador. Sin embargo, su abogada, Aziza Magni, reprocha a las autoridades haberle deportado «sin ninguna prueba y con informes de la Policía Nacional que han interpretado sus discursos a su manera para  decretar la orden de expulsión».

Benaouda fue detenido por miembros de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía de Cáceres a primera hora de la mañana del 25 de octubre cuando se dirigía desde la mezquita a su domicilio en Talayuela. Está acusado de vulnerar el artículo 54.1.a) de la Ley de Extranjería, que considera acciones muy graves participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que perjudiquen las relaciones de España con otros países, así como estar implicado en actividades contrarias al orden público.

El próximo martes tendrá lugar en la Audiencia Nacional la votación y fallo de su causa y de confirmarse la decisión judicial del magistrado instructor, el deportado no podrá regresar a España durante los próximos diez años.

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