La presión social ha obligado a la Junta de Extremadura a archivar el expediente para la construcción de un macrovertedero de residuos peligrosos en el término municipal de Salvatierra de los Barros, según ha confirmado este lunes el Ejecutivo regional.
El Gobierno extremeño ha informado escuetamente que la Dirección General de Sostenibilidad ha procedido a resolver el desistimiento y archivo del expediente de solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental del proyecto de macrovertedero en Salvatierra de Los Barros. La Junta utiliza el argumento de que la promotora no ha facilitado en plazo la documentación requerida por parte de la Dirección General de Sostenibilidad para subsanar el expediente abierto para crear este cementerio de residuos y de acuerdo con lo que establece la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se da por desistida la petición que en su día realizó la firma promotora del proyecto, tal y como han informado desde la Junta.
Pero la realidad es que, más allá de la documentación que pudieran haber dejado de presentar los promotores, los propios técnicos de la Administración ya habían informado negativamente sobre este proyecto. Los vecinos de Salvatierra de los Barros y del resto de municipios de la comarca que asistieron a la manifestación del pasado sábado en contra del macrovertedero tuvieron conocimiento de que se ha eliminado del expediente un informe de régimen interno de la Junta de Extremadura en el que los técnicos desestimaban el proyecto por considerar que alteraría los cauces de los arroyos que desembocan en el río Guadajira.
A pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas, el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara no ha querido que un asunto como éste enturbie el ambiente en una zona que ya se rebeló contra el proyecto de construcción de una refinería. Salvatierra de los Barros y toda la comarca, pero también diversos colectivos sociales, empresariales, políticos y sindicales, se han manifestado en contrato de lo que iba a ser el macrovertedero más grande de España, con capacidad de procesar 300.000 toneladas anuales de residuos industriales; de ellas, más de 68.000 serán tóxicas y peligrosas, y todo ello sobre una superficie de 89 hectáreas.
La asociación Ecologistas en Acción denunció el pasado fin de semana que la construcción del macrovertedero tiene su origen en una trama política en la que se encuentran implicados varios cargos políticos próximos al PSOE. Su construcción beneficiaría a Siderúrgica Balboa, que obtendrá réditos de los subproductos del vertedero por su valorización energética, según esta asociación.
Además un miembro del consejo de administración de la empresa promotora, 3RS, Manuel Romero Calzado desempeñó diferentes cargos ejecutivos dentro del Grupo Balboa y es hermano de David Romero Calzado, secretario de Economía e Industria en la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Badajoz. Este hombre fue apoderado en la empresa Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales, donde tenía a su cargo a Francisco José Saavedra, el actual alcalde de Salvatierra de los Barros.
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