El Servicio de Inspección de la Dirección General de Movilidad y Transporte Terrestre ha inmovilizado 12 vehículos, entre los días 2 y 4 de agosto, y ha impuesto 12 sanciones, por un valor de 21.012 euros, dentro del Plan de Inspección contra el intrusismo en el sector del Transporte Público de viajeros en el aeropuerto de Palma de Mallorca.
La Conselleria de Movilidad y Vivienda del Govern balear ha explicado, este lunes, que se trata de vehículos VTC con autorización de Extremadura que se encontraban prestando servicios de transfer, básicamente con origen y destino en el aeropuerto de Palma.
Según ha constatado el Servicio de Inspección, dichos vehículos no habían comunicado ningún servicio de transporte público de viajeros en vehículo VTC en la región extremeña, dentro del Registro de Servicios VTC del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
Además, superaban el plazo máximo de deslocalización de vehículos VTC de otras comunidades autónomas en Baleares, que está establecido en 18 días, cuando la presencia de estos vehículos ya se había venido detectando desde junio.
A su vez, los coches superaban el 20 por ciento de servicios fuera de su comunidad en un cómputo de tres meses, dado que en este caso estaban prestando el 100 por cien del servicio fuera de su territorio. Por último, dos de estos vehículos no disponían de ninguna autorización de transportes VTC.
Todo comenzó el 2 de agosto cuando el Servicio de Inspección de la Dirección General de Movilidad empezó a denunciar e inmovilizar la actividad ilegal de estos vehículos en Baleares, en función de lo dispuesto en el artículo 141.39.1 de la ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Como resultado, se han formulado contra estos vehículos deslocalizados nueve denuncias por prestar un servicio de transporte público de viajeros en vehículo VTC de Extremadura fuera de su comunidad, superando el plazo máximo de deslocalización (9.009 euros), dos denuncias por realizar servicios de transporte público de viajeros sin autorización de transportes (8.002 euros) y un denuncia por romper la orden de inmovilización del vehículo (4.001 euros).
«Desde el Servicio de Inspección se seguirá a diario controlando, denunciando y sancionando este tipo de conductas infractoras hasta que cesen y todos los vehículos VTC que operen en Baleares lo hagan dentro del marco legal, erradicando cualquier tipo de intrusismo en el sector», ha explicado el director general de Movilidad y Transporte Terrestre, Jaume Mateu.
Dichas actuaciones se enmarcan dentro del Plan de inspección contra el intrusismo en el sector del transporte público de viajeros en el aeropuerto de Palma y en Ibiza, y contra el intrusismo en el sector de mercancías 2022, que impulsa la Conselleria de Movilidad y Vivienda del gobierno balear.
Este Plan contempla 122 actuaciones en el aeropuerto de Palma, por parte del Servicio de Inspección de la Dirección General de Movilidad y Transporte Terrestre en colaboración con la Guardia Civil, Policía Local y Aena.
Estas actuaciones consisten en controles aleatorios, en todas las franjas horarias, incluyendo también los fines de semana, y que realizan dispositivos de hasta cuatro agentes, en función de la disponibilidad y las tareas de control a realizar. Entre los principales objetivos de la acción inspectora se encuentra la detección de personas y vehículos que puedan realizar servicios de transportes de viajeros sin autorización, así como el control de vehículos VTC.
