La ocupación ilegal de viviendas continúa creciendo de forma alarmante y el Ministerio del Interior ha reconocido oficialmente que en la comunidad autónoma de Extremadura hay al menos 148 inmuebles a los que sus moradores han accedido por la fuerza. Y esta cifra podría ser aún mayor si tenemos en cuenta que se corresponde a datos del año 2021.
Según los datos del Gobierno, en el año 2020 había ocupadas oficialmente 110 viviendas en Extremadura, pero la cifra creció de manera alarmante en 2021 y ya hay al menos 148 «okupas» dentro de una casa que no es la suya. Estos datos revelan que en esta comunidad ha crecido un 35% el número de ocupaciones ilegales de inmuebles en tan solo un año.
La Plataforma de Afectados por la Ocupación asegura que cada día se ocupan ilegalmente una media de 49 viviendas en España. En 2021 la ocupación se incrementó un 16,78% con respecto al año anterior y en algunas comunidades autónomas los datos resultan especialmente llamativos: el crecimiento más representativo corresponde a La Rioja, con un 193% más; Cantabria con el 96,07% y Murcia con el 60,61%, si bien los datos absolutos están muy por debajo de las 4 comunidades que más ocupación sufren. Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid son las regiones más afectadas en números absolutos y representan el 77,23% de toda la ocupación.
La Plataforma de Afectados por la Ocupación ha exigido al gobierno la aplicación de medidas urgentes para acabar con este problema y revertir la situación de las víctimas de la ocupación. El pasado mes de febrero el Gobierno respondió a una pregunta formulada por los diputados del grupo parlamentario Vox y reconocía la existencia de 2.482 nuevo delitos relacionados con la ocupación de inmuebles en el año 2021, lo que en valores absolutos representa que los «okupas» han accedido a 17.274 viviendas.
«Estos datos no hacen más que corroborar que la ocupación sigue creciendo sin control en España mientras que las afirmaciones del Gobierno, de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez siguen negando la evidencia y considerando los casos de ocupación como residuales, bulos o alarma social», ha indicado un portavoz de esta plataforma.
Solo Cataluña sufre el 42,5% de todos los casos de entradas ilegales a inmuebles que se registran en España. La comunidad que ostenta el segundo puesto en este ranking es Andalucía, con 2.557 casos que representan un 7,39 % más que en el período de 2020. Por el contrario Canarias es la única comunidad autónoma española que experimenta un descenso de las ocupaciones pasando de 633 en 2020 a 495 en 2021, un 21,8% menos.
La situación en Extremadura ha obligado a distintas Administraciones a adoptar medidas. Así, el Ayuntamiento de Cáceres ya ha manifestado su compromiso de recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente en la barriada de Aldea Moret y «ponerlas al servicio de las personas que más lo necesitan”. El Gobierno local ha presentado varias denuncias, una de ellas con sentencia, en la que se condena al ocupante al pago de una multa y a la restitución inmediata al ayuntamiento del inmueble ocupado. Además, para evitar la ocupación ilegal se han instalado chapas de acero de 1,5 milímetros de espesor y con refuerzos longitudinales en las puertas de acceso a las viviendas.
Asimismo, el pasado mes de agosto los vecinos del barrio de de Suerte de Saavedra, en Badajoz, denunciaron la ocupación ilegal de viviendas por parte de «okupas» que accedieron a los llamados pisos de la Guardia Civil, un bloque de viviendas perteneciente al ejército en situación de abandono práctico desde 2016.
Pero estas situaciones no son exclusivas de núcleos urbanos, sino que también se producen en pequeñas localidades. En diciembre de 2020 dos familias que habían ocupado ilegalmente unas viviendas en el municipio pacense de Fuente de Cantos se vieron obligadas a desalojarlas tras un requerimiento judicial y después de varias semanas de conflictos con los vecinos del municipio. Y en enero de 2021, las llamadas de alerta de varios vecinos tanto al propietario como a la Guardia Civil impidieron la ocupación ilegal de una vivienda en el municipio cacereño de Talayuela a la que había accedido una pareja con un bebé tras pegar una fuerte patada a la puerta.
«Actualmente, los allanamientos suponen un escaso porcentaje de los delitos relacionados con la ocupación, aumentando exponencialmente las inquiocupaciones, habiéndose convertido en la forma más fácil de ocupación de una vivienda gracias a la protección del escudo social del gobierno», asegura la Plataforma de Afectados por la Ocupación, que asegura que la lentitud de la justicia favorece que un afectado prefiera recurrir a soluciones extrajudiciales antes que afrontar los años de demora y los daños económicos y psicológicos que recaen sobre las víctimas.
