La organización Ecologistas en Acción ha destacado que el último auto del Tribunal Supremo, que rechaza la anulación de la demolición de la urbanización Marina Isla de Valdecañas, “reitera en términos contundentes” que la Junta de Extremadura actuó incumpliendo la normativa urbanística.

«De este modo, la Junta de Extremadura suma un varapalo judicial más a la larga lista de sentencias de todas las instancias jurídicas que han dictaminado una y otra vez la ilegalidad de la urbanización y la negligente actuación del Gobierno extremeño», ha apuntado Ecologistas en Acción.

El Supremo ha notificado a las partes un nuevo auto, en el que se desestiman los argumentos que habían presentado tanto la Junta de Extremadura como la comunidad de propietarios del complejo urbanístico en un incidente de nulidad, “que ha sido rechazado de plano”, ha subrayado los ecologistas en un comunicado.

Con este incidente pretendían que se anulara la demolición completa del complejo urbanístico dictada por el mismo tribunal hace unas semanas, ha indicado los ecologistas, que han dicho que las tesis que defendían, todas rechazadas, se basaban en la supuesta incompatibilidad de algunos jueces de la sala y en la vulneración de derechos fundamentales, como el de libertad de residencia.

En este sentido, ha señalado que el auto reitera que la Administración, al aprobar el Proyecto de Interés Regional (PIR) Marina Isla de Valdecañas, actuó como si la protección del terreno no existiera y decidió transformar urbanísticamente el suelo como si de suelo sin protección alguna se tratara, adoptando una decisión fuera del orden o común modo de obrar.

«La actuación administrativa no era conforme a Derecho al no haber actuado la Junta de Extremadura como la primera y eficaz garante del ordenamiento medioambiental y urbanístico», añade el auto.

Del mismo modo, según ha detallado la organización ecologista, el auto insiste en que no pueden prevalecer unos supuestos beneficios socioeconómicos frente a la garantía de intereses generales como el cumplimiento de la legalidad en materia medioambiental y urbanística.

Asimismo, el auto sale al paso de los argumentos que afirman que demoler la urbanización causará más problemas al medio ambiente que mantenerla.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha vuelto a instar a la Junta de Extremadura «a que cumpla de una vez la ley, ofrezca explicaciones y asuma responsabilidades políticas por su nefasta actuación en todo este asunto».

La organización también ha exigido «que deje de confundir a la opinión pública con afirmaciones tan sorprendentes como falsas como las que ponen en duda la existencia de la ZEPA que la propia Junta declaró y debía proteger».