La Administración extremeña recurrirá el auto de Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que le da ocho meses de plazo para preparar la demolición total del complejo urbanístico Marina Isla de Valdecañas, en la provincia de Cáceres, como ha sentenciado el Tribunal Supremo.
Así lo ha anunciado el letrado general de la Junta de Extremadura, José Manuel Jover, que ha comparecido ante la Comisión de Presidencia y Administración Pública, a petición propia, para explicar este «pleito excepcional» que tiene cerca de 20 años de antigüedad y que «compromete el interés general».
Tras ello un prolijo relato de los hitos jurídicos de esta causa, desde que en el año 2003 la isla de Valdecañas fuera declarada como Zona Especial de Protección de Aves (Zepa), el letrado ha asegurado que la Junta de Extremadura «acata sin ningún tipo de reserva» la sentencia del Tribunal Supremo del 7 de febrero de 2022 que obliga a la demolición total del complejo urbanístico, pero ha considerado que en este caso se ha producido una «sinrazón jurídica» que tendrá efectos serios sobre el desarrollo regional.
Por ello, han presentado un incidente de nulidad ante el Supremo por vulneración de la tutela judicial efectiva, ya que al final, en vez de proteger el medio ambiente de la isla, va a resultar perjudicado.
En este sentido, el letrado ha precisado que esta es una causa «urbanística», ya que que ni los informes propios ni los externos ni el pericial han cuestionado la «legalidad ambiental».
Y ha expuesto la paradoja que supone que la ley estatal del suelo vaya a acabar perjudicando al medio ambiente en este caso de Valdecañas tras la interpretación que hace el Tribunal Constitucional a posteriori, en una sentencia del año 2019, que prohíbe todo tipo de desarrollo en terrenos no urbanizables e incluidos en la Red Natura 2000.
Es decir, se trata de que «la realidad no te la tergiverse la legalidad estricta», ha señalado Jover, que ha dicho que en este aspecto se centrará la batalla judicial, ya que en la isla de Valdecañas se ha producido algo «incontrovertible»: desarrollo económico, fidelización de empleo, recuperación de población y sin que haya un problema de medio ambiente.
En función del resultado de ese incidente de nulidad, se presentará o no un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo, ha adelantado el letrado.
Ha reconocido que estadísticamente el Supremo no admite muchos de esos incidentes, pero no pierde la esperanza de que prospere alguno de los que se han presentado, ya que los propietarios han dado el mismo paso, al contrario que la promotora del complejo, que no recurrirá la sentencia del alto tribunal.
La Junta también presentará en uno o dos días, según ha anunciado, un recurso de reposición al auto del pasado 16 de marzo de la Sala de lo Contencioso del TSJEx que da ocho meses a la Junta de Extremadura para la ejecución de la sentencia y llevar a cabo varias actuaciones, entre ellas fijar un calendario de demolición, una estimación del coste del derribo y medidas para el desalojo de las viviendas y del hotel.
