La delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, ha defendido las multas que la Administración ha interpuesto “por coacciones e impedir que otras personas trabajen” durante la huelga del transporte y ha asegurado que “en ningún caso se ha impedido la protesta de los transportistas, que es legítima, aunque haya manifestaciones que no se han comunicado”.

García Seco ha hecho estas declaraciones, a pregunta de los periodistas, antes de participar en Cáceres en un foro de vivienda, y ha instado a “sentarse hablar y acabar cuanto antes con la crispación”.

“Las normas hay que cumplirlas e impedir realizar un trabajo es ilegal. Porque hay transportistas que sí quieren trabajar, que vienen de fuera, de otros países, realizando muchos kilómetros y que se encuentran con que no pueden entregar su mercancía”, ha añadido.

“Hay que pensar en conjugarlo todo: tienen derecho a protestar, pero hay que concertar esa protesta con el derecho de que lleguen las medicinas a las farmacias, los piensos a las explotaciones ganaderas para que no se mueran los animales, etc”.

La delegada ha insistido en que el Gobierno “trata de llegar a un consenso con las organizaciones mayoritarios del sector y con representatividad en las mesas de negociación”.

Ha destacado que “se están llegando a acuerdos” y ha pedido “calma y tratar de escucharnos unos a otros para acabar con esta crispación lo antes posible”.

“Confío en que los manifestantes puedan analizar las propuestas del Gobierno, algunas ya aprobadas y convalidadas y que ellos mismos piden”, como regular los tiempos de descanso de una forma más efectiva y vincular los precios del gasoil a los contratos que realizan, además de las ayudas directas al precio del combustible.

“Deseo y espero que estas medidas puedan satisfacer la difícil situación de muchos de los camioneros que están protestando, que no protestan de forma gratuita sino que están preocupados por sus negocios”, ha dicho.

Pero ha subrayado que “hay un grupo de personas que están realizando las protestas de una manera que no debemos consentir, fuera de las leyes”, e incluso poniendo en riesgo el abastecimiento de agua “en algunas poblaciones porque no están retirando el lodo de algunas depuradoras”.