La huelga del transporte en Extremadura está haciendo daño al Gobierno de Pedro Sánchez, pero también al Ejecutivo regional, que se han encargado de movilizar todos sus recursos para presionar a los camioneros en un intento de conseguir el fin de las movilizaciones.

Ahora que los transportistas han cogido fuelle viendo la gran repercusión que están teniendo sus protestas, el Gobierno ha doblegado sus esfuerzos para contrarrestar las consecuencias de un paro general que ha provocado el desabastecimiento de productos esenciales en buena parte de los lineales de compra. Es como si nunca antes se hubiera advertido el papel tan importante que juegan los transportistas en la vida diaria.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que «es una situación de extremísima gravedad», les ha acusado de provocar un daño irreparable a muchas economías y ha reconocido que «se está produciendo un colapso del abastecimiento en la industria y en el sistema de producción». Y ha ido más lejos cuando ha dicho que «esto hay que cortarlo ya», aunque por el momento no se ha puesto ninguna solución sobre la mesa.

Lejos de intentar una negociación con los representantes del sector, el Gobierno ha echado más leña al fuego desde distintos frentes. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha indicado que el Ejecutivo «nunca se niega a sentarse con nadie, pero no puede ser rehén del chantaje que puedan estar produciendo determinados colectivos». Para Montero esta protesta «no está siendo un paro, sino un boicot» que está aprovechando la ultraderecha.

En Extremadura ha habido varios detenidos «por acciones violentas» durante estos días de paro en el transporte y algunos han sido puestos a disposición judicial, mientras que a otros se les ha tomado declaración y han quedado en libertad. La delegada del Gobierno en la región, Yolanda García Seco, ha señalado que ha habido incidentes en toda Extremadura, aunque protagonizados por pequeños grupos que actúan de «forma coordinada».

El Gobierno también está actuando coordinadamente para contrarrestar la protesta de los camioneros. De este modo, y tras tener conocimiento de que camioneros y agricultores pretenden unir fuerzas tras una reunión que se celebrará el lunes en Don Benito, han comenzado a lanzarse mensajes disuasorios.

«Están haciendo daño a las ganaderías, a las explotaciones y a los transportistas que quieren ejercer su actividad, a las industrias que quieren abrir, y están haciendo daño de forma puntual y en todo el territorio», ha dicho García Seco.

Y esos mensajes, en parte, están calando. El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha lanzado un mensaje a los transportistas y aunque ha apoyado sus reivindicaciones, les ha pedido que permitan el paso de los camiones cargados con productos para la alimentación animal por el problema de desabastecimiento en muchas explotaciones ganaderas. Metidieri ha dicho a los camioneros que el único rival contra el que hay que luchar es el Gobierno.

En el mismo sentido, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha exigido a la Plataforma Nacional de Transporte que «garantice unos servicios mínimos» en la huelga que se lleva a cabo desde el pasado lunes, alertando de los «gravísimos problemas que está registrando ya el sector agroalimentario de la región», que se ve obligado a paralizar su actividad de producción de alimentos mientras que las explotaciones ganaderas carecen ya de piensos para alimentar al ganado.

Camiones y tractores han protagonizado una marcha este viernes en la A-66 y en la A-5 en los alrededores de Mérida custodiados por la Policía y la Guardia Civil para garantizar la circulación por estas vías, mientras que los agentes disponibles están haciendo de escoltas a convoyes. El Gobierno ha dado instrucciones de que se garantice el abastecimiento de productos a la población en una movilización que está dañando su imagen más de lo que preveía. Por eso su estrategia es la de enviar mensajes que calen en la población menoscabando la imagen de los transportistas.

Sin ir más lejos, la delegada del Gobierno ha criticado a los convocantes de esta huelga que «impide que lleguen medicinas a los enfermos» o que no lleguen alimentos a las explotaciones donde se puede morir el ganado, y que «está consiguiendo que agricultores y ganaderos después de meses de trabajo y esfuerzo no puedan sacar sus productos al mercado y no los puedan vender».

El Gobierno habla de una situación «muy preocupante», ha calificado la protesta de egoísta, de poner en riesgo la economía de muchas pequeñas y medianas empresas, de dificultar el abastecimiento de productos básicos a la población, del temor de ser agredidos quienes no quieren secundar la protesta.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha viajado a Extremadura este viernes, también ha hablado de boicot y de acciones violentas que perturban la distribución en España de muchas mercancías, sobre todo del sector agroalimentario. El titular de Agricultura ha utilizado la misma estrategia diseñada desde Moncloa y distribuida en clave de mensajes disuasorios a sus comunidades autónomas afines con la intención de desprestigiar a los transportistas.

Así, el ministro ha recordado que los piquetes que impiden que pequeños ganaderos entreguen su leche, que las frutas y hortalizas lleguen a los mercados o que los barcos puedan salir a faenar, realizan «una acción ilegal e inmoral» frente al trabajo que llevan a cabo estos profesionales.

El Gobierno de España ha movilizado a 23.600 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para este paro, que ya han pasado a llamar conflicto. Por el momento no hay ni una sola frase que hable de negociación, pero sí la advertencia de que el Gobierno «va a hacer todo lo que esté en su mano para imposibilitar que este grupo bloquee y perturbe el normal funcionamiento de nuestra sociedad».