El Ayuntamiento de Cáceres ha manifestado su compromiso de recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente en Aldea Moret y “ponerlas al servicio de las personas que más lo necesitan”, para lo que ya se han presentado varias denuncias, una de ellas con sentencia condenatoria.

Según ha manifestado la portavoz del Gobierno local, María José Pulido, durante el debate plenario de la moción del PP para acabar con la ocupación de viviendas en la barriada minera, que ha sido aprobada por mayoría, “ya se han presentado denuncias ante los tribunales de justicia”.

Y hay una sentencia, de 24 de febrero, “en la que se condena al ocupante al pago de una multa y a la restitución inmediata al ayuntamiento del inmueble ocupado”.

Además, para evitar la ocupación ilegal, “en las puertas de las viviendas se han puesto chapas de acero de 1,5 milímetros de espesor y con refuerzos longitudinales”.

“Mientras el PP pedía endurecer las leyes antiokupas porque todo les parecía poco para defender la propiedad privada, que nosotros también defendemos”, ha incidido la portavoz, “durante su gestión en el ayuntamiento prefirieron suspender las sentencias por las que podrían haber recuperado viviendas municipales y haberlas devuelto a quienes de verdad las necesitaban”.

En esta acusación que ha lanzado al Grupo Popular, Pulido ha manifestado que “vamos a seguir peleando, salgan los casos que salgan. No nos temblarán las piernas, como en 2015, 2016, 2017 y 2018, cuando se ganaron sentencias para poder recuperar esas viviendas sociales y no se no se optó por ello”.

En cuanto a las denuncias, ha aclarado que, “en un primer momento, se habían formulado contra los ocupantes de viviendas de duración inferior a un año, por la vía penal. A continuación, se procederá al ejercicio de las acciones judiciales civiles contra el resto de ocupantes ilegales”.

En este contexto, Pulido ha achacado a la “insuficiencia de medios del Gabinete Jurídico Municipal” el hecho de que “se está valorando la externalización del servicio de asistencia letrada para el ejercicio de acciones judiciales civiles, para evitar dilaciones o retrasos y que, cuanto antes, se pueda disponer del uso de dichas viviendas”.

Se trata de una externalización que cuenta con el visto bueno del Grupo Popular.