Los propietarios de las viviendas del complejo Isla Valdecañas, en la provincia de Cáceres, han presentado este martes un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo tras la sentencia del alto tribunal, publicada el 15 de febrero, en la que se ordena la demolición total de la urbanización.

Los propietarios aseguran en un comunicado que «están decididos a defender la pervivencia del proyecto».

De esta forma, alegan que el Supremo «ha ido más allá del debate planteado al admitir el recurso de casación, pues no ha tenido en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en su resolución valoró la necesidad de reponer la situación de un modo compatible con la protección del medio ambiente, a la luz del estado real de la isla en el momento en el que se aprobó el PIR Isla de Valdecañas».

«Esto podría ser motivo de vulneración de un derecho fundamental reconocido en la Constitución, como es el derecho a la tutela judicial efectiva y a que las resoluciones se ciñan al objeto de debate», según ha afirmado Luis Díaz-Ambrona, uno de los representantes legales de los propietarios.

Díaz-Ambrona ha adelantado que los propietarios están dispuestos, si fuese necesario, a llegar al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo.

«Haremos uso de todos los instrumentos legales a nuestro alcance para defender los derechos de los propietarios», ha aseverado.

Díaz-Ambrona ha defendido que la «ejecución de la sentencia en los términos señalados por el TS tendría una mayor incidencia en el medio ambiente que la solución propuesta por el Tribunal Superior de Justicia».

«Incluso se podría dar la contradicción que ejecutando la sentencia en los términos señalados por el Supremo se tengan que destruir las depuradoras, las especias autóctonas reforestadas y volver al uso desordenado y sin ningún valor medio ambiental que se encontraba el terreno antes del desarrollo urbanístico», ha señalado.

Asimismo, el abogado de los propietarios afirma que las viviendas se adquirieron «legítimamente y a precio de mercado en un momento en el que no había recaído sentencia firme alguna, ni constaba anotación preventiva u otra medida cautelar que les hubiera permitido conocer del litigio».

En este sentido, asegura que han actuado de buena fe en todo momento, siempre bajo el amparo de la ley y las administraciones y que las casas están debidamente inscritas y con sus correspondientes licencias, motivo por el que pagan sus hipotecas, así como los correspondientes impuestos desde hace años.

«El TSJEX decidió una ejecución alternativa al derribo total, manteniendo lo ya construido y planeando otras medidas medio ambientales. Fue una decisión equilibrada, con la que todos estábamos conformes», ha apuntado el portavoz de los propietarios, José María Concejo.

Los propietarios han indicado que su intención no es abandonar el lugar, «sino apostar por Extremadura y querer evitar el daño medioambiental y económico que supondría para los habitantes la demolición del complejo».

«Derribar Valdecañas sería proclamar que en Extremadura no se puede hacer nada, aunque concilie valor económico, social y ambiental», ha argumentado Concejo.