La Junta de Extremadura ha defendido que es posible un equilibrio sostenible entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico de las zonas rurales, un argumento que fundamenta la postura regional sobre el proyecto Marina Isla de Valdecañas tras la sentencia del Tribunal Supremo.

Así lo ha puesto de manifiesto la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en su comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Extremadura para informar sobre la valoración del Ejecutivo sobre la citada sentencia.

El Ejecutivo regional, ha asegurado la vicepresidenta, utilizará todos los medios a su alcance para diseñar, implementar y defender un modelo de desarrollo sostenible de Extremadura que ajuste la relación entre creación de riqueza y protección del medioambiente.

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Entre dichos medios, ha proseguido la titular de Hacienda, se incluyen las vías que habilita el Estado de Derecho para defender hasta el final la legalidad de las decisiones tomadas al amparo de nuestra autonomía.

Y que, en el caso concreto de Valdecañas, se materializarán en el recurso a todas las instancias nacionales e internacionales que permitan encontrar una solución que concilie el restablecimiento de la legalidad urbanística con la mejora palmaria y significativa del medioambiente; y desde el respeto a las instituciones judiciales y a las partes implicadas en el proceso.

En este sentido, Blanco-Morales ha explicado que el recurso a la sentencia, aún en fase de elaboración, se sustentará en la prevalencia del derecho a la tutela judicial efectiva como pilar fundamental del Estado de Derecho.

Para lo cual, la Junta de Extremadura solicitará una aclaración en Derecho al Tribunal Constitucional para dirimir por qué para reestablecer la legalidad urbanística ―que se fundamenta en motivos medioambientales― ha de ocasionarse un mayor daño ambiental que el que se pretende proteger.

A su juicio, el bien jurídico que se pretende salvaguardar con la sentencia- el medio ambiente- se vería seriamente comprometido con la demolición total del complejo para devolverlo al estado de degradación en que se encontraba antes de su construcción.

La vicepresidenta primera ha recordado que la isla de Valdecañas es un producto de la actividad humana que generó riqueza en la zona con la creación del embalse y que, posteriormente, con el complejo, generó mayores posibilidades de desarrollo.

Blanco-Morales ha destacado que el Ejecutivo siempre ha defendido el interés general de Extremadura y que, en el caso del proyecto de Valdecañas, se basa en tres pilares.

El primero, su contribución a la regeneración y enriquecimiento medioambiental de un espacio previamente degradado, sin perjuicio de los valores amparados por la Zona Especial de Protección de Aves.

A lo que se une su capacidad de generar riqueza y empleo, tanto en su construcción como en el mantenimiento y explotación de las instalaciones del complejo y de retener a la población y recuperar la viabilidad de las localidades que quedaron despobladas dramáticamente por la construcción del embalse en los años 60.