La Fiscalía investiga una posible irregularidad en las oposiciones para cubrir 8 plazas por turno libre en la Policía Local de Cáceres, tras denunciar el sindicato CSIF la distribución de un audio anónimo en el que se mencionarían los temas “que más le gustaban al presidente del jurado calificador”.

Así lo ha explicado este miércoles el alcalde, Luis Salaya, a preguntas de los medios, quien ha asegurado que “nunca» ha escuchado ese audio «porque aunque lo solicitamos en su momento no se nos ha facilitado”.

El audio en cuestión podría ofrecer pistas acerca de los temas con mayor probabilidad de salir en las pruebas que se efectuaron y que se completaron, puesto que el tribunal decidió proseguir con las oposiciones.

Según el alcalde de la ciudad de Cáceres, Luis Salaya, “las plazas están asignadas: hay 6 en formación y 2 policías que ya se han incorporado a la plantilla” municipal.

Preguntado acerca de quién era el presidente del tribunal de la oposición, el alcalde ha manifestado que lo desconoce y que prefiere «no saberlo”, además de que también desconoce si ese tribunal había escuchado el audio en cuestión o no a la hora de tomar su decisión de seguir adelante con las oposiciones.

“Es un tema del que nos enteramos por el sindicato CSIF, nos llegó primero el rumor de que existía un audio y este equipo de gobierno planteó acudir a la Fiscalía, pero nunca se nos facilitó el audio en cuestión. Y fue el propio sindicato el que lo denunció”, aclara el alcalde.

“Las decisiones que se han tomado corresponden exclusivamente al tribunal, en el que no participa el equipo de gobierno:Por suerte, es algo que está muy automatizado y está fuera de las decisiones que toma el gobierno local”, ha insistido el regidor.

Asegura que la instrucción que se dio fue que se esperase a que la Fiscalía actuara y colaborar desde este equipo de gobierno plenamente con todo aquello que pudiese necesitar.

Salaya ha lamentado el conflicto, ya que “es un tema doloroso y complejo», ya que este tipo de situaciones hacen que se deteriore más la imagen de la Administración pública y de los procesos, aunque confía en que se quede en nada.

De hecho, el alcalde ha subrayado que “ni siquiera está claro que ese audio plantee algo que sea ilegal», ya que se habla de recomendaciones, pero confía en los sindicatos y entiende que si el CSIF ha dicho que el audio es preocupante «es porque cruza ciertos límites”.

A las pruebas se presentaron alrededor de 400 personas, aunque fueron admitidas 326 solicitudes.

Las notas del tribunal calificador se publicaron el pasado 30 de noviembre.