El Consejo de Ministros ha dado su primer visto bueno al anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que establece un nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en España y faculta al Gobierno a realizar un estudio para implantar un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado que garantice su mantenimiento.

El texto no define ningún modelo de pago por uso, según ha subrayado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que se ha comprometido a que sea “fruto del consenso entre los agentes implicados”.

“La ley no establece ningún modelo definido ni el plazo para entrar en vigor, sino que faculta al Gobierno para que realice los estudios de alternativas que permitan establecer ese mecanismo de financiación, pero es una cuestión compleja y el consenso de las administraciones y agentes del sector es una condición ‘sine qua non’ para definir ese modelo”, ha recalcado la ministra.

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La futura norma, con la que el Gobierno pretende contribuir al cumplimiento de los objetivos internacionales de reducción de gases efecto invernadero y emisiones contaminantes en el transporte, obliga a las empresas con 500 o más empleados a elaborar planes de movilidad sostenible que, por ejemplo, faciliten el uso del transporte público o compartido, los vehículos eléctricos o la bicicleta en el transporte diario al trabajo.

También abre la puerta para que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones e instaura el Sistema Nacional de Movilidad para garantizar la cooperación y colaboración de todas las administraciones en materia de transportes y movilidad.

Tras la primera lectura que ha efectuado este martes el Consejo, el Ministerio de Transportes iniciará en las próximas semanas el trámite de audiencia e información pública del anteproyecto.

La Ley de Movilidad Sostenible forma parte de las reformas que el Gobierno de coalición se ha comprometido a llevar a cabo con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

El anteproyecto establece un nuevo marco regulatorio de los transportes en España que parte del reconocimiento de la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y como un elemento de cohesión social, que contribuye a la consecución del Estado del bienestar, y que debe avanzar hacia una movilidad respetuosa con el medio ambiente y la salud.

También pone de manifiesto la importancia estratégica del transporte de mercancías como sustento de la actividad económica del país.

MENOS COCHES EN LAS CIUDADES

La ley busca que las ciudades prioricen la “movilidad activa” (caminar, ir en bici), por ser la opción más saludable y exenta de emisiones, y el transporte público colectivo, como una solución accesible y asequible para toda la ciudadanía.

Trata también de dar alternativas atractivas al vehículo privado tanto en el ámbito urbano como en el conjunto del territorio, que podrán consistir tanto en los servicios de transporte tradicionales como en nuevos sistemas de transporte público a la demanda, sistemas privados de movilidad colaborativa o servicios de movilidad compartida.

También pretende reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones como áreas “libres de humos y congestión”, permitiendo crear medidas que limiten más el acceso de los vehículos privados a motor.

TASAS POR CIRCULAR POR EL CENTRO

Así, la ley contempla que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones.

Para crear esta tasa es necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si implementa la tasa o no.

El anteproyecto también incluye herramientas para facilitar la innovación en los medios de transporte e introducirá los principios que deberán seguir las administraciones para regular y promocionar los vehículos automatizados o sin conductor.

En este punto, el texto establece una ventanilla única para facilitar la realización de pruebas en vías públicas, lo que pretende atraer a España la innovación en este ámbito.

El anteproyecto recoge gran parte de las recomendaciones de la AIReF y otros organismos a la hora de establecer que garanticen la rentabilidad socioambiental de todas las actuaciones y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre las decisiones adoptadas.


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