La Junta de Extremadura abonará en los próximos días el bono social térmico, cuyo expediente de generación de crédito se aprobó el pasado mes de diciembre por 4,6 millones de euros y cuyos remanentes se han podido incorporar al ejercicio 2022.

El director general de Industria, Energía y Minas, Samuel Ruiz Fernández, ha hecho este anuncio en la Comisión de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Víctor del Moral sobre la ejecución del Programa 322A «Ordenación Industrial y Desarrollo Energético» en 2021.

Ruiz ha reconocido que existe una demora en el pago del bono social térmico, una ayuda que puso en marcha el Gobierno de España en 2018 para mitigar la pobreza energética, debido a una «tramitación sobrevenida» para la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad, tras decretar el Tribunal Constitucional que su ejecución correspondía a las comunidades autónomas.

En el caso de Extremadura, la situación se ha visto agravada debido a la existencia de «una base de datos sin filtrar ni actualizar de 65.000 beneficiarios, con personas fallecidas, con DNIs y miles de cuentas corrientes incorrectas, con decenas de miles de beneficiarios sin alta a terceros», necesaria para abonar la ayuda, como exige la intervención, ha explicado el director general.

Por ello, durante 2021 se ha llevado a cabo, según Ruiz Fernández,  «un arduo trabajo de depuración de este listado comprobando la situación de los beneficiarios» y sin contar con la financiación del Estado en los trabajos de gestión, tal y como ha precisado.

El director general ha reconocido que su departamento no tenía experiencia en tramitar este tipo de ayudas por lo que se contrató un «call center» o servicio de atención al cliente para actualizar y confirmar los datos de los posibles perceptores de la ayuda y para atender las llamadas telefónicas que permitieran aclarar dudas.

Una vez realizado este trabajo, de acuerdo con lo que establecía el decreto, había que realizar una comunicación postal para cada beneficiario con el fin de que cada uno conociera su situación y se le diese la posibilidad de actualizaciación o renuncia, lo que se llevó a cabo el pasado mes de noviembre.

Con respecto a la ejecución concreta del programa de Ordenación Industrial y Desarrollo Energético, el director general de Industria, Energía y Minas y el diputado del PP se han enzarzado en una guerra de cifras, como suele ser habitual en estos casos, y Samuel Ruiz ha aclarado que los créditos se han ido ejecutando en función de la demanda y las liquidaciones presentadas por los beneficiarios.

En ese sentido, Ruiz ha indicado que la Junta de Extremadura «se ha ido adaptando» las necesidades de los ayuntamientos por ejemplo en el programa de infraestructura eléctrica  municipal.