Once organizaciones de defensa del medio ambiente de Extremadura han reclamado «sentido común» a los gestores del territorio y a los promotores de grandes proyectos en la región y han advertido de que las leyes ambientales «deben cumplirse igual que se cumplen en el resto de la Unión Europea».

En una nota, los colectivos ecologistas han criticado que desde que se anunció la sentencia del Tribunal Supremo, en la que ordena la demolición total del complejo urbanístico Isla de Valdecañas, declarado ilegal en varias sentencias anteriores, «la reacción mayoritaria de responsables de la Junta de Extremadura, alcaldes y vecinos ha sido cargar contra la protección de la naturaleza».

En este sentido, han subrayado las posiciones «contra las leyes europeas y nacionales que establecen las mismas obligaciones para todos los estados de la Unión Europea, especialmente en lo relativo a Red Natura 2000».

De igual forma, han destacado que la Administración sabe que todo el territorio protegido en Extremadura, ya sea por Red Natura 2000 o por otras figuras de protección, ocupa el 30,6 % de la región, un porcentaje «muy inferior» al de muchas otras comunidades autónomas que, teniendo una parte mayor de su superficie protegida, no tienen esos problemas de desarrollo, según han indicado.

Así, han citado a Cataluña con el 37,34 % de su territorio bajo protección ambiental, Valencia con el 39,27 %, Islas Baleares con el 35,34 % o Madrid con un 41,24 % de su territorio protegido, según datos del Informe sobre el Estado del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de España.

Además, han señalado que existen numerosos estudios que muestran el valor económico y su importancia para el desarrollo del patrimonio natural.

Las organizaciones de defensa del medio ambiente han denunciado que el debate se ha centrado mayoritariamente en declaraciones de todo tipo contra una supuesta «excesiva» protección del medio ambiente en Extremadura, «insistiendo que esa es la causa de todo lo que ha pasado en Valdecañas y, por extensión, de todos los problemas de desarrollo de Extremadura desde hace décadas, transmitiendo la impresión a la ciudadanía de la región que estamos en un territorio ahogado por los espacios protegidos».

A su juicio, los problemas de despoblación tienen otras causas, ya que son idénticos en municipios dentro o fuera de Red Natura, y están más relacionados con la falta de servicios e incentivos en zonas rurales alejadas, «que puedan mantener y atraer a la población joven, pero también a los inversores tradicionales».

«Es un fenómeno generalizado en casi todo el mundo: la población tiende a concentrarse en núcleos urbanos que cuentan con los servicios tecnológicos, educacionales y sanitarios que necesitan», han defendido.

Por ello, han subrayado que atraer de nuevo a los jóvenes y emprendedores urbanos a los núcleos rurales o mantener allí a las nuevas generaciones «tiene más que ver con dotar a estas zonas de adecuados servicios, incentivos fiscales o ayudas al emprendimiento y no por eliminar la protección ambiental que la propia Junta propuso para menos de una tercera parte del territorio, donde se conservan los recursos de biodiversidad que Europa pide proteger».

Por último, las organizaciones de protección de la naturaleza de Extremadura han querido dejar claro que también trabajan «por mejorar la región, por evitar saqueos injustificados de inversores sin escrúpulos, como el caso de la mina de Aguablanca».

«Y por ayudar a la administración a encontrar soluciones de desarrollo rural con futuro, cumpliendo las leyes ambientales de la Unión Europea y ofreciendo incentivos fiscales, servicios y facilidades a los emprendedores e inversores comprometidos con un desarrollo sostenible», han concluido.