La Junta de Extremadura presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras la sentencia del Supremo que acuerda la demolición total de la Isla de Valdecañas y, llegado caso, acudirá también a instancias internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

«Las sentencias, además de aplicar la legalidad, deben ser efectivas, no pueden ser contraproducentes, ni desconocer el bien jurídico que pretende proteger, la mejora del medio ambiente que se ha producido en la zona», ha afirmado este miércoles la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Pilar Blanco-Morales.

En rueda de prensa, ha explicado que el recurso ante el TC se fundamentará en la tutela judicial efectiva para que esta instancia explique porqué para restablecer la legalidad urbanística que se entiende incumplida, «ha de hacerse produciendo un mayor daño ambiental» que el que se pretende proteger.