La Mesa de Coordinación Policial para la Protección y Seguimiento de los casos de Violencia de Género de la ciudad de Cáceres ha celebrado ayer martes la primera sesión del año, donde se ha realizado una valoración de cada situación de las nuevas denuncias por violencia de género interpuestas en la ciudad desde la última reunión, el pasado mes de noviembre.

Se han valorado, caso a caso, un total de 39 expedientes entre todas las personas profesionales implicadas, estableciendo un planteamiento de trabajo de manera coordinada.

Actualmente en Cáceres hay 182 mujeres con protección policial asignada y con distintas valoraciones de nivel de riesgo.

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Esta mesa se reúne bimestralmente con objeto de realizar un seguimiento de las situaciones de violencia de género en el municipio, la distribución de tareas entre profesionales implicados y la resolución de problemas que se puedan estar planteando relacionados con la protección o con la asistencia y atención a víctimas, con el fin de proporcionar una respuesta policial, pero también social, psicológica, jurídica, etc. a las situaciones de riesgo y vulnerabilidad con las que se encuentran las mujeres.

A la convocatoria han asistido representantes de la Unidad de Violencia de Género de Subdelegación del Gobierno; la Oficina de Igualdad, el IMAS, el Punto de Atención Psicológica y Policía Local del Ayuntamiento de Cáceres; la UPAP de la Policía Nacional; Comandancia y Unidad de Violencia de Género de Guardia Civil; la Oficina de Atención a Víctimas de Delitos Violentos y el Gabinete de Atención Psicológica de los Juzgados; y la Unidad de Igualdad del SEXPE.

Este órgano de coordinación se constituyó en noviembre de 2020. Sus fines son proporcionar a las víctimas una respuesta policial con la mayor rapidez y eficacia en las situaciones de riesgo; y proporcionar una respuesta policial de la máxima sensibilidad, calidad y eficiencia en la atención y protección a las víctimas y evitar las actuaciones que suponen un incremento de la victimización, especialmente la duplicidad de intervenciones.

Además, proporcionar a la víctima información clara y accesible sobre los derechos reconocidos en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y los recursos existentes para la efectividad de tales derechos en el ámbito territorial correspondiente; y garantizar la coordinación y colaboración policial con los recursos públicos y no gubernamentales dedicados al apoyo jurídico y psicosocial a las víctimas. Y facilitar la transmisión entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los órganos judiciales de toda la información relevante para la protección de la víctima.