La familia del joven cacereño asesinado en Anchuelo en febrero de 2020 pide para los dos acusados 25 años de prisión por un delito de asesinato, mientras que el fiscal Ignacio Stampa solicita 15 años para ambos al imputarles un delito de homicidio de cara al juicio que ha arrancado este lunes en la audiencia madrileña.

Así lo ha anunciado este lunes el abogado de la familia de la víctima, Aritz Toribio, ante el jurado popular en la primera sesión del juicio a A.V.B. y L.M.M., que presuntamente mataron a Iván T.S., de 29 años y natural de un pueblo de Cáceres, pocos días después de que se afincase en Anchuelo.

Durante la mañana se han elegido los miembros que conformarán el tribunal del jurado (nueve más dos suplentes) y las partes han dado a conocer sus conclusiones provisionales.

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Así las defensas han defendido la absolución de los acusados y el letrado de L.M.M. ha asegurado que su clienta no participó en el crimen y ha descartado que el móvil de la agresión mortal fuese un conflicto por una vivienda okupa.

La acusación particular, ejercida por el abogado de la familia de Iván, comparte la tesis de la Fiscalía pero entiende que hubo alevosía y “abuso” de la superioridad numérica en el momento del crimen, por lo que califica los hechos como un delito de asesinato y no como un homicidio.

“Iván no se pudo defender. Se va a hacer justicia y los acusados van a ser condenados a la máxima pena”, ha afirmado en declaraciones a Efe.

Por su parte el fiscal Ignacio Stampa ha sostenido, dirigiéndose al jurado, que el móvil del crimen fue la intención de arrebatarle a Iván la vivienda okupa en la había empezado a residir.

Ignacio Stampa es el fiscal que dejó en noviembre de 2020 la Fiscalía Anticorrupción -en la que estaba en comisión de servicios- y volvió a la Fiscalía de Madrid tras la polémica en torno al caso Dina: la publicación de un chat de abogados de Podemos en el que hablaban de una supuesta relación personal entre Stampa y la abogada Marta Flor, que estuvo representando en el caso Dina al líder de Podemos Pablo Iglesias y a su exasesora Dina Bousselham.

El pasado mes de diciembre la Sala de lo Civil y Penal de Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó la querella presentada por el excomisario José Manuel Villarejo contra los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano Solís en la denominada operación Tándem, al no ver indicio alguno de criminalidad.

En el caso del crimen de Anchuelo el fiscal solicita quince años de cárcel para los procesados por homicidio.

Las primeras pesquisas de la investigación apuntaban a que la víctima de Anchuelo había pagado a una mafia para vivir en un piso que había sido ocupado ilegalmente y habría discutido con los procesados, quienes pretendían recuperar la vivienda.

Fue el 16 de febrero de 2020 cuando los dos acusados estaban junto a un tercer hombre no identificado y se inició un enfrentamiento en el que “puestos de común acuerdo y con la intención de acabar con su vida, los imputados cogieron sendos machetes que se encontraban colgados en la pared de la vivienda”, relata la acusación fiscal.

Mientras L.M.M. amedrentaba a una tercera persona que allí se encontraba para evitar que auxiliara a Iván, el otro acusado le golpeó la cabeza con un machete recto de 45,6 centímetros de hoja y un lado serrado, ocasionándole una herida en la cabeza, tras lo que su acompañante lo apuñaló en el tórax con un machete curvo de 44 centímetros de hoja, perforándole el corazón, detalla el Ministerio Público.

Tras el suceso la Guardia Civil detuvo a los dos presuntos autores materiales, que se habían fugado tras el crimen a Azuqueca de Henares (Guadalajara) y a Blanes (Girona), así como a otras tres personas como encubridores.


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