El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ratificado la sanción de 240.000 euros que le fue impuesta a un propietario agrario que transformó una dehesa en una finca de árboles frutales pese a tratarse de un terreno protegido.
La empresa agraria fue sancionada por haber cometido una infracción muy grave de la Ley de Protección Ambiental de Extremadura al implantar cerca de 500 hectáreas de cultivos intensivos en zonas de dehesa sin evaluación ambiental dentro de la ZEPA y ZEC Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta, en la provincia de Badajoz.
La ONG SEO BirdLife, que se dedica a la conservación de las aves y la naturaleza, sostiene que la empresa agraria provocó la destrucción de la dehesa en un espacio protegido de la Red Natura 2000, por lo que denunció los hechos en 2017. La empresa transformó más de 400 hectáreas de dehesa en un cultivo intensivo de frutales sin ningún tipo de autorización ambiental y la denuncia ante la Junta de Extremadura sirvió para abrir una investigación que puso en evidencia que se había afectado a casi 500 hectáreas de dehesas protegidas y cientos de encinas de gran porte, según la ONG.
El propietario recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la sanción impuesta por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, que ha sido ratificada por el alto tribunal regional. La ONG asegura que el caso ha sido especialmente grave al haber afectado a una dehesa protegida con importantes poblaciones de aves como la grulla común, una especie migratoria que depende de estas dehesas para su invernada en Extremadura.
La acción legal se ha realizado en el marco del proyecto Life, Guardianes de la Naturaleza, contra el crimen ambiental, financiado por el programa Life de la Unión Europea, cuyo objetivo es mejorar la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos e infracciones contra la naturaleza.
