El 51 % de los cerdos son ya de producción industrial en Extremadura y el número de animales en intensivo en el sector bovino ha crecido un 37 % en los últimos seis años, aunque sigue predominando la ganadería extensiva, según datos de Greenpeace que ha publicado el informe «Macrogranjas, veneno para la España rural».

En Extremadura, la mayoría de las explotaciones ganaderas son aún extensivas, característico del paisaje extremeño, pero destaca, sin embargo, «la preponderancia del sistema intensivo exclusivamente en el sector porcino», según recoge en nota de prensa.

En los últimos seis años (2015-2020), ha tenido lugar un mayor incremento del censo ganadero porcino y también del bovino en el sistema intensivo con respecto al extensivo.

Pero, a su juicio, esta apuesta por el porcino industrial es un claro ejemplo de que la ganadería industrial es «una falsa solución al despoblamiento rural».

Así, ha asegurado que en el 51,2 % de los municipios extremeños ha aumentado la cabaña ganadera porcina en el periodo 2015-2020 (173 de 338 municipios), y en el 90,8 % de éstos (157 municipios) tiene lugar «una pérdida de población».

«La imagen de los cerdos comiendo bellotas en las dehesas de Extremadura podría desaparecer si no se actúa rápido. La ganadería industrial de porcino ha puesto el ojo en esta aún casi olvidada región y las macrogranjas avanzan a marchas forzadas», ha declarado el responsable de agricultura de Greenpeace España, Luís Ferreirim.

Según la organización medioambiental, la Comisión Europea señala «claramente a la ganadería como la principal responsable» de la contaminación por nitratos, ya que «es responsable del 81 % de la aportación del nitrógeno agrícola a los sistemas acuáticos».

En un informe vuelve a llamar la atención de España, a la que incluye «entre el grupo de países que se enfrentan a los mayores desafíos para afrontar este problema» y se le urge a «adoptar medidas adicionales para alcanzar los objetivos de la Directiva».

Ante esta situación, Greenpeace reclama una moratoria estatal y/o moratorias regionales a la ganadería industrial de al menos cinco años: ni explotaciones nuevas ni ampliaciones de las existentes; y reducir gradualmente la cabaña ganadera en intensivo hasta alcanzar un 50 % menos en 2030.

La adopción de una nueva regulación de nitratos que permita reducir al menos un 50 % las emisiones de nitrógeno para 2027, teniendo como referencia el año 1996; y establecer una carga ganadera máxima de 1,5 UGM (unidades de ganado mayor) por hectárea a nivel provincial, son otras de sus reivindicaciones.

Además, solicita el establecimiento de un impuesto en origen a las emisiones contaminantes de la ganadería industrial (gases de efecto invernadero, nitrógeno, amoniaco); y prohibir la publicidad de productos alimentarios «insostenibles», tal como los provenientes de la ganadería industrial, e «insanos como las carnes procesadas y rojas».

Para Ferreirim, el avance «demencial» de las macrogranjas en España está provocando consecuencias que «se tardará décadas en revertir» y considera una necesidad de «vital importancia» que se pongan en marcha medidas urgentes que frenen en seco la ganadería industrial y reduzcan el número de animales en intensivo

Esto tendría efectos «muy beneficiosos para el clima, la biodiversidad, el agua, el bienestar animal y la vida en los pueblos», ha agregado.

Mañana, 15 de octubre, tendrán lugar movilizaciones regionales contra la ganadería industrial en al menos 50 localidades de España, ninguna en Extremadura.

«La población aún no se ha dado cuenta de lo que le viene encima, pero debería activarse con urgencia contra la ganadería industrial para evitar consecuencias realmente negativas en su territorio», concluye la organización. EFE