Estamos inmersos en un proceso de reforma en la Formación Profesional. Se trata sin duda de un gran paso hacia adelante en la modernización de un sistema donde por primera vez es el tejido productivo y su integración en los requerimientos y necesidades del proceso de Enseñanza-Aprendizaje su motivo de ser.

Atendiendo a las disposiciones del anteproyecto de la ley marco que regulará este nuevo contexto debemos pensar que esto es así aunque una cosa son las cuestiones teóricas y otras  las derivadas de una realidad que nos encontramos en ciertos territorios como en Extremadura, donde habrá que acometer un esfuerzo pírrico adicional de adaptación.

No obstante, debemos ser optimistas y trabajar para que toda esa filosofía que acercará la formación profesional a la empresa hasta el punto de hacerla partícipe de su diseño e implantación sea una realidad.

En cualquier caso de nada servirán estos nuevos cambios de paradigma si dejamos abiertas ciertas heridas por donde se están colando elementos que devalúan de forma constante la calidad del sistema.

En este caso apunto a un problema que llevamos detectando los docentes que trabajamos en los centros públicos de esta etapa desde hace tiempo, y es la enorme diferencia que encontramos en cuanto a la adquisición de competencias profesionales entre el alumnado que se forma en los centros dependientes de la consejería de educación y aquellos de capital privado.

Que nadie vea en estas palabras un ataque hacia la enseñanza privada: nada más lejos de realidad puesto que en lo que a mí respecta, entiendo de su necesidad y complementariedad pero lo que está claro es que los estándares de calidad que el sistema educativo hace garantizar dentro de sus centros de capital público deberían ser aplicados de la misma manera y con el mismo rigor en la segunda, algo de lo que tenemos sospechas no es del todo así.

Y mi argumentación no la voy a hacer atendiendo a las diferencias del número de aprobados así como las calificaciones obtenidas en uno y otro caso (sería un indicador incompleto y pueril, pero sin duda, aunque alguna pista ya nos da), sino al análisis de las habilidades y destrezas que muchos de los estudiantes que empiezan en la privada y acaban en la pública nos muestran.

Este tipo de estudiante es cada vez más común ya que la oferta y la demanda que se hace desde lo público es insuficiente por lo que gran cantidad de alumnos se ven forzados a realizar una inversión económica relativamente alta para matricularse en la especialidad que desean en algún centro de formación profesional privado, para luego, en su segundo año de formación, incorporarse a un centro público.

Tales alumnos son casos paradigmáticos puesto que reflejan una realidad que empieza a ser preocupante y que supone un agravio comparativo entre los estudiantes que se están formando desde un itinerario y desde otro.

Una Formación Profesional de calidad no debe consentir este tipo de heterogeneidades ni tampoco permitir el florecimiento de centros expendedores de título, sino centros educativos que participen en la cualificación de los estudiantes todos de la misma manera y sin importar el capital de donde procedan.