El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la convocatoria, correspondiente al año 2021, de las ayudas a la contratación de personas para el cuidado a domicilio de hijos o hijas menores de 14 años o familiares de primer o segundo grado de consanguineidad o afinidad con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento, por un montante global de 900.000 euros.

Se trata de una media de fomento de la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral, financiada a cargo del Fondo Social Europeo y cuyas bases reguladoras la Junta de Extremadura se ha visto obligada a modificar después de que en la anterior convocatoria solo cinco familias pidieran estas ayudas.

Así, en en el decreto ley 6/2021, de 1 de septiembre, se introdujeron cambios que consisten, fundamentalmente, en incrementar los umbrales del Índice Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM) y las cuantías de las ayudas a conceder.

De esta forma, se eleva a 4 veces el IPREM establecido como requisito de rentas o ingresos brutos mensuales para el supuesto de familias monoparentales, que en las bases objeto de modificación se fijaba en 3 veces, y se incrementa a 8 veces el IPREM si la unidad familiar no es monoparental, cuando en las bases modificadas ascendía a 6 veces.

Además, se eleva el importe de la subvención que, según el tramo y base de cotización correspondiente de la persona empleada, de acuerdo al número de horas trabajadas al mes, variará entre los 200 y 1.100 euros mensuales, cuando antes se situaba en un único pago en un rango de entre 300 y 900 euros.

Por otra parte, la cuantía de la ayuda se incrementará en un 10 por ciento en los supuestos en que la persona solicitante desarrolle su actividad en un municipio de menos de 5.000 habitantes y en un 10 por ciento más si la renta anual de la unidad familiar es inferior a 20.000 euros.

También podrá incrementarse en un 10 por ciento si se trata de menores de 30 años que carezcan de experiencia laboral, un 10 por ciento más si la persona contratada es mujer y otro 10  más si es mayor de 45 años, primándose de esta forma factores de género y la protección económica de aquellos colectivos que se ven especialmente afectados por una situación de desempleo de larga duración, con mayor vulnerabilidad.