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El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mérida ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para cuatro de los cinco policías nacionales investigados por su presunta implicación en la operación antidroga desarticulada esta semana que hasta el momento ha permitido la detención de una veintena de personas.

Los agentes pertenecen al grupo de estupefacientes de Mérida y fueron detenidos tras una actuación coordinada de la Unidad de Asuntos Internos de la dirección adjunta operativa de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El magistrado les atribuye, entre otros, los delitos contra la salud pública y omisión del deber de perseguir acciones delictivas. Con esta decisión son ya cinco los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que permanecen privados de libertad después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Torrevieja (Alicante) dictara este viernes una orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el agente de la Guardia Civil implicado en la operación antidroga. Sólo uno de los cinco policías nacionales detenidos en Mérida se ha librado hasta el momento de la cárcel en una operación en la que se ha desmantelado el grupo de estupefacientes de la Policía Nacional.

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El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha informado en la noche del viernes que el resto de personas que han declarado ante el magistrado ha quedado en libertad con medidas cautelares que suponen la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado.

La causa se encuentra bajo secreto de sumario y permanece abierta, entre otros, por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y omisión del deber de perseguir delito. El operativo fue iniciado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil bajo la coordinación de un juzgado del municipio alicantino de Torrevieja, aunque la investigación se está llevando a cabo en varios municipios de Extremadura.

Los agentes detenidos actuaban presuntamente junto con propietarios de varias plantaciones de marihuana. Hasta el momento  han sido desmanteladas cuatro plantaciones “indoor” con más de 3.000 plantas y han sido intervenidos equipos necesarios para el cultivo y desarrollo de las plantas. Se han realizado más de 20 entradas y registros en domicilios y esto ha permitido la detención de 22 personas.

La investigación determinará si, como ha informado el Ministerio del Interior, existía un complejo entramado criminal asentado en la provincia de Badajoz que estaba integrado por varias organizaciones que interactuaban entre ellas y que se dedicaban al cultivo, procesado, manipulación y posterior distribución de marihuana.


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