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Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al equipo de delitos contra las personas-homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres, han desarticulado una organización criminal y ha detenido a siete personas acusadas de cometer varios delitos de amenazas, extorsión, contra la libertad e indemnidad sexual (prostitución), blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Ha sido necesario practicar cinco registros domiciliarios en las localidades de Madrid, Algeciras, Alicante y Valencia que han permitido intervenir dispositivos de almacenamiento digital de datos, 9 teléfonos móviles y 7 equipos informáticos.

Tres de las siete personas detenidas ingresaron en prisión provisional  por decisión de la autoridad judicial; y otra persona implicada en el caso está siendo investigada. También se ha procedido al embargo y bloqueo preventivo de las cuentas y productos financieros relacionados con este organización criminal.

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La investigación se inició hace más de un año, tras la interposición de varias denuncias ante la Guardia Civil de Cáceres, por la supuesta extorsión que sus denunciantes venían sufriendo por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto y mensajes de audio, efectuadas a través de una conocida aplicación de mensajería, con el nexo en común entre ellas de que se habían producido tras visitar un portal web de contactos para contratar servicios sexuales, tal y como han informado desde la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres.

En estas amenazas se incluían imágenes de armas de fuego, lo que llevó a sus receptores a temer por su seguridad e integridad, e incluso por la de sus propias familias.

Durante el curso de la investigación, los agentes han podido acreditar la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada, que contaba con diferentes niveles jerarquizados, teniendo en un primer escalón a las llamadas “operadoras”, formado por mujeres que vigilaban a las prostitutas, y ejercían un control coactivo sobre ellas.

De este modo, ellas se encargaban de  fijar los servicios sexuales que debían realizar hasta el tiempo de duración y precio-tarifa de los mismos. Además, gestionaban directamente los anuncios del portal web de contactos, aprovechándose de la posición de superioridad que les brindaba la precaria  situación personal y económica de las mujeres o incluso su estancia irregular en el país, quienes eran reubicadas periódicamente por los diferentes pisos de los que disponía la organización, indican desde la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres.

Otro nivel estaba formado por hombres quienes, tras el concierto de la cita entre operadora y cliente o después de que, tras alguna discrepancia entre cliente y mujer, no se llevara a efecto el servicio sexual, actuaban mediante la extorsión, al exigir una compensación económica por el tiempo empleado y la no disponibilidad que había tenido la mujer para continuar prestando servicio a otros clientes.

Un tercer nivel estaba dedicado al blanqueo de capitales de los beneficios obtenidos, estando constituido por las denominadas “mulas”, que eran personas contratadas para operar como titulares de las diferentes cuentas bancarias donde las víctimas ingresaban las cuantías económicas y, una vez se recibía el pago, extraían el dinero que era enviado a otras cuentas. Finalmente, y en un escalón superior, se encontraba al que se referían como “jefe”.

Para hacer más creíbles las amenazas, los extorsionadores elaboraban un perfil sobre las víctimas a través de la información que les facilitaban las prostitutas y las operadoras, haciéndoles creer que tenían sus datos personales, direcciones de trabajo, así como sobre los contactos sexuales mantenidos, llegando a “negociar” los pagos que tenían que realizar las víctimas, en unos casos, o exigiendo abonos sucesivos en otros, habiendo llegado a obtener hasta 12.000 euros de una sola víctima.

Durante el desarrollo de la operación, los investigadores han analizado numerosos anuncios en el portal Web de contactos, cuentas de correo electrónico, movimientos de cuentas bancarias de diferentes entidades,  concluyendo, durante el periodo investigado, que el grupo criminal habría obtenido unos beneficios económicos superiores a los 800.000 euros, blanqueando este dinero en distintas operativas de movimientos de fondos, para lo cual realizaban transferencias internacionales a distintos países.

A la investigación, en la que han podido ser identificadas cerca de 100 víctimas, se añadió la dificultad de que muchas de ellas no deseaban interponer denuncia, realizando los pagos por temor a que su familia y entorno cercano fueran conocedores de que contrataban este tipo de servicios.

Finalizada la investigación y con el análisis de toda la información obtenida, durante los meses de abril, mayo y junio de 2021, se procedió, en dos fases, a la explotación de la denominada “Operación Callcenter”, instruyendo las correspondientes diligencias por la presunta comisión de los delitos de amenazas, extorsión, contra la libertad e indemnidad sexual (prostitución), blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cáceres, se han practicado un total de cinco (5) entradas y registros en domicilios situados en Madrid, Algeciras, Alicante y Valencia.


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