Lloran como plañideras los culturetas cuando se cierra un medio por falta de financiación, pero se ponen orejeras y pasan de largo cuando la clausura viene motivada por la falta de libertad y el cierre del grifo publicitario. Desde el principio de su existencia, los medios pulcros se han financiado de la publicidad y los impuros, además, de turbias ayudas institucionales a cambio de prebendas

Los medios escritos, que hace tres décadas afrontaron el desafío de pasar de la linotipia al offset, sufrieron como todos la crisis de 2008, luego la de las redes sociales y ahora la de la Covid-19. Las radios abandonaron progresivamente la onda media para embarcarse en la aventura de la frecuencia modulada con nuevas inversiones y sucumbieron ante la hecatombe económica de 2008. Las emisoras entraron en la UCI durante la pandemia y ahora se ven amenazadas por quienes, habiendo perdido el monopolio, pretenden recuperarlo presionando para la convocatoria de un concurso de radio digital que será impugnado si llega a ver la luz.

En Extremadura los dos últimos concursos de radio han terminado en los tribunales con revolcón tremendo para el Gobierno regional. Es un caso único en España. Aquellas célebres palabras de Fernández Vara en plena crisis de los 2000, «ha sido el concurso más limpio de la historia de la radio en España», quedaron a la altura del betún cuando la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo propinó a la Junta de Extremadura el mayor varapalo que en materia de comunicación puede haber recibido una Administración en nuestro país. Y ahora, casi 15 años después, y con sentencia firme, el mismo Gobierno mira para otro lado, y en connivencia con aquellos que le prestan su voz y le regalan los oídos, permite que mientras unos pagamos los tributos que nos permiten emitir, otros sigan ocupando ilegalmente nuestras frecuencias sin consecuencias de ningún tipo.

Luego está lo de la financiación de los medios. Se nombra una comisión de expertos integrada por profesionales que muerden el anzuelo y ponen su firma a un documento en el que se propugna la honestidad, transparencia e imparcialidad de los medios y se dibuja un escenario ambiguo para el reparto de los dineros públicos para luego no hacer nada. Ni se ha vuelto a llamar a la comisión de expertos ni se les espera, pero aquello quedó muy bien de cara a la galería.

¿Y cómo se financian los medios de comunicación en Extremadura? Los grandes grupos reciben una importante aportación económica institucional vía publicitaria y los pequeños revolotean alrededor para llevarse las migajas que se les caen del plato; todo ello disfrazado de la más pulcra legalidad que permite la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Las adjudicaciones, todo hay que decirlo, son impecables, pero otra cosa son los pliegos de prescripciones técnicas, que no hacen sino atender a los requerimientos que en las reuniones periódicas transmiten al Gobierno los responsables de las grandes cadenas radiofónicas, esas que les prestan su voz y sus oídos, las mismas a las que obsequiaron con un goteo incesante de frecuencias que antes o después habrán de devolver.

Aclaremos, en los pliegos no aparece el nombre de un solo medio de comunicación, y eso induce a pensar que son limpios y transparentes porque además de estar avalados por la Intervención rara vez son impugnados. A los concursos se presentan agencias de publicidad -esa es la excusa- que elaboran un plan de medios que suele estar hecho de antemano para que coincida con lo acordado con cada medio. Y así es como, por arte de magia, nada más leer el documento, y pese a no aparecer el nombre de un solo medio, se sabe de antemano el importe publicitario institucional que recibirá cada uno de ellos.

Con este panorama, en una región plagada de pymes y autónomos que bastante tienen con mantener la persiana arriba, la publicidad institucional del Gobierno regional, diputaciones y ayuntamientos resulta tan importante para los medios -grandes y pequeños- que, o bien impones la autocensura, o bien te obsequian con la censura. No, claro que no revisa tus textos un censor, todo es mucho más sencillo: presupuestas una campaña institucional y siempre hay una voz amable que te dice que has llegado tarde o no hay presupuesto -para ti, no para los demás- o aplicas el tradicional método de la autocensura, que es peor aún que la censura por la pérdida de dignidad que dejas en el camino. La evolución del lenguaje, que antes lo llamaba censura. ahora lo denomina cerrar el grifo. Eso hasta que llegue alguien, como hace 14 años, llame a la puerta de los señores de negro y les entregue un camión de documentos que avalen lo que está sucediendo.