Los Círculos Empresariales de la provincia de Cáceres han solicitado a la Junta de Extremadura una solución para los trastornos que ocasiona a empresas y ciudadanos la supresión de más de un centenar de oficinas de registro en Extremadura. La asociación denuncia que más de una veintena de pueblos en la provincia de Cáceres se han quedado sin oficina de registro y tendrán que desplazarse a otras localidades para realizar los trámites, lo que agrava la situación de la Extremadura Vaciada.
La semana pasada fue publicada en el DOE la resolución de la vicepresidencia y consejera de Hacienda y Administración Pública de la nueva relación de Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía (OAC), de carácter general y especializado, de Extremadura. Como resultado del proceso de reordenación impulsado por la Junta, se han suprimido cerca de 130 de oficinas de registro en toda la región.
La asociación denuncia el caos generado por la inmediata entrada en vigor y sin aviso previo para empresas y ciudadanos de esta resolución, que ha dejado en la provincia de Cáceres a más de una veintena de pueblos sin oficina registro. En total, en la provincia de Cáceres cesan un total de 49 oficinas, mientras en la provincia de Badajoz cierran un total de 78.
La Junta justifica esta decisión en el hecho de que en las oficinas de atención, información y registro “situadas en municipios de un tamaño más reducido tienen dificultades, por cuestiones de dotación y capacidad interna, para dar respuesta a las atribución de servicios prevista para las nuevas Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía (en base a lo que se determina en el punto 7 del artículo 84 bis de la Ley 1/2002, respecto a los servicios inicialmente previstos para las nuevas Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía).“
Los Círculos Cacereño, Placentino y el recién constituido en Montehermoso creen que, precisamente, en las localidades más pequeñas es donde los usuarios encuentran mayor dificultad para las relaciones electrónicas con la administración, por lo que se verán obligados a desplazarse a la oficina de referencia. Un perjuicio, sin duda, para los afectados. Por todo ello, los empresarios de la provincia exigen una solución inmediata para este problema que ha resultado evidente desde el mismo día de entrada en vigor del documento.
En el mismo sentido se ha manifestado el diputado de Unidas por Extremadura, Álvaro Jaén, quien ha denunciado que la Junta de Extremadura pretende dejar “a decenas de miles de vecinos extremeños sin puntos de registro”. Jaén ha calificado esta decisión de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de “nuevo golpe de la Junta de Extremadura a los municipios de nuestra tierra”, y ha señalado que así, «decenas de miles de vecinos se van a quedar sin sus OCAS, esas oficinas que sirven para tramitar licencias de pesca, de caza, trámites de oposición, los farragosos trámites de la PAC o de documentación para la Seguridad Social”.
Por ello, para Álvaro Jaén es “inadmisible que quienes dicen que luchan contra la despoblación dejen otra vez sin servicios a nuestros pequeños municipios con la excusa de rentabilizar el gasto en la administración pública”. El diputado de esta formación ha sentenciado que “desde Unidas por Extremadura esperamos que rectifiquen y que tengan en cuenta que vivir en un pequeño pueblo de Extremadura merece los mismos derechos que cualquier vecino de otra parte del país”.
Además, desde la confluencia señalan que esta medida supondría “colapsar aún más las oficinas de las localidades donde se pretende centralizar estas citas, donde ya existen listas de espera de varias semanas, según nos comentan sus trabajadores”, añadiendo “que esto va en contra de lo que se debe hacer en medio de una pandemia, reducir la movilidad y el contacto entre pueblos”. Por ello, desde Unidas por Extremadura denuncian que “hay ciudadanos que tendrán que desplazarse más de 30 kilómetros, por ejemplo, simplemente para registrar un documento”.
